El Gobierno colombiano restringió el alcance del diálogo entre los obispos y las nuevas bandas de origen paramilitar, a que se sometan a la justicia, y descartó que las negociaciones se dirijan al cese de las hostilidades o a la formulación de pactos.

El presidente, Álvaro Uribe, sostuvo en una entrevista con la emisora de la Policía, el Ejército y la Armada Nacional que «si la Iglesia va a hacer eso (dialogar con las bandas emergentes) que lo haga, pero el fin no puede ser sino uno: que esos señores se entreguen a la justicia. No hay más camino».

De igual manera, el Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, dijo en Caracol Radio que con la autorización a la Iglesia católica «no se busca negociar la paz, sino favorecer que esta gente se acoja al sistema judicial tradicional con garantías».

Además, Pearl argumentó que los integrantes de las bandas que entreguen las armas y se sometan a las autoridades no podrán ser beneficiarios de la ley de Justicia y Paz, marco jurídico utilizado para la desmovilización de los grupos armados ilegales, porque puede que en algunos casos se trate de reinsertados en la violencia.

«Hay buena voluntad por parte de los obispos pero no van a ser autónomos», señaló Pearl, y agregó que los mediadores se deberán ajustar a unos protocolos.

El lunes, el presidente Uribe visitó a los miembros del Episcopado colombiano en su asamblea anual en Bogotá y les dio el aval para continuar con estos diálogos y acercamientos.

Uribe reconoció hoy que aunque no está a favor del pacto con las bandas emergentes, dio luz verde a los purpurados a instancias del Obispo de Montería (Córdoba), monseñor Julio César Vidal.

«Me dijo: ‘Mire, presidente, yo puedo dialogar con ellos, quiero hacerlo, pero necesito su permiso’. Le dije: ‘Monseñor, como se lo había dicho públicamente hace días en Montería, si la Iglesia va a hacer eso, que lo haga. Pero el fin no puede ser sino uno: que esos señores se entreguen a la justicia; no hay más camino’, relató.

Monseñor Vidal indicó que ha iniciado algunos contactos con las llamadas «bandas emergentes», como «Los Rastrojos» y «Los Paisas», quienes operan en el noroeste del país, y reveló que en el pasado año se registraron unos 600 asesinatos y este año van unos 40.

Fuentes de la Conferencia Episcopal confirmaron a Efe que por el momento los procesos de diálogo se llevarán a cabo en los departamentos de Córdoba (noroeste), Norte de Santander (noreste), Chocó (oeste, en la costa pacífica colombiana) y en la frontera entre Venezuela y Colombia, donde los representantes del clero solicitaron mediar.

Asimismo, reconocieron que esta iniciativa está «apenas comenzando» y aún no se puede determinar «quiénes van a ser los interlocutores».

Por su parte, otro de los prelados interesados, monseñor Jaime Prieto Amaya, obispo de Cúcuta (Norte de Santander), dijo hoy en la emisora La FM que «está mirando y evaluando la naturaleza de las bandas criminales» que hay en su región.

«Cada uno en su diócesis tiene que mirar qué es lo que está sucediendo en su región, evaluarla, saber cómo acercarse. En Cúcuta hay sectores donde se nota la presencia de estas bandas, sobre todo en las zonas más deprimidas», aseguró.