El director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo, propuso crear una Audiencia Nacional en Bogotá para juzgar a los integrantes de las nuevas bandas dedicadas al narcotráfico y de origen paramilitar, que han multiplicado su presencia en el país.

En una entrevista de El Tiempo, Naranjo consideró que estos tribunales deben contar “con unos jueces totalmente protegidos, invisibles a esa mafia regional, invisibles al procesado, para que garanticen la legalización de los actos”.

Naranjo expresó su preocupación por la figura actual del juez de control de garantías, que son juristas municipales con la responsabilidad de mantener presos a esos delincuentes.

Son jueces “que no tienen los recursos ni la protección. La vulnerabilidad es alta”, sentenció, y puso como ejemplo el caso del narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, quien fue detenido y juzgado en un paraje rural de Urabá, en el norte del país, y donde trazó una ruta de la droga y atemorizó a la población.

El jdirector de la Policía abogó así por una reforma del actual “sistema penal acusatorio”, que ha llevado a que algunos jefes de bandas criminales sean puestos en libertad o simplemente se les haya impuesto un arresto domiciliario.

No obstante, Naranjo hizo una apreciación: “el país no puede premiar de nuevo a los ‘narcos’ calificándolos de paramilitares”.

Respondió así a la iniciativa de algunos grupos cívicos y de la Iglesia católica que han desarrollado desde finales de 2009 estrategias de acercamiento a mandos medios de esas bandas en los barrios de Medellín, donde se han incrementado considerablemente en el último año los homicidios, para que cesen la violencia.

El alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, precisó que el Gobierno colombiano había autorizado en noviembre del año pasado a un grupo de personas, entre ellas al arzobispo de Medellín, monseñor Alberto Giraldo, para que “adelantaran actividades en beneficio de la reconciliación nacional”.

Aunque la vigencia de esa autorización debía expirar hoy, 12 de febrero, Pearl les retiró el aval el pasado miércoles al considerar que se habían extralimitado en sus funciones.

Aún así, los civiles y obispos declararon que seguirán trabajando por la paz en sus zonas de influencia.

Jaime Jaramillo, vocero de la comisión responsable de una tregua entre grupos de la “Oficina de Envigado”, consideró que la desautorización les pone en peligro porque “no se trabaja con arcángeles”.

En este sentido, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, dijo hoy a Caracol Radio que van a “denunciar a los autores de los pactos (entre bandas para repartirse el territorio), que son los delincuentes de las cárceles, porque claramente están demostrando que son los autores intelectuales de las oleadas de homicidios”.

Por su parte, la Conferencia Episcopal anunció este viernes en su página web que el próximo 16 de febrero se celebrará un foro en la ciudad de Montería, liderado por su obispo, monseñor Julio César Vidal, para congregar a representantes de la sociedad civil que estén dispuestos a participar en el diálogo con las bandas.