La Procuraduría General de la Nación señala que es convincente el fallo del Tribunal Administrativo de del Caquetá, al declarar responsable al Estado de los daños causados a, José Lizardo Vargas Díaz, Alexander Ortiz y Juan Alberto Yaima Escarpeta, ya que fueron detenidos por narcotráfico, sin que en realidad este delito se hubiese producido.

Agrega el Ministerio Público que se ratifique la condena para la Nación, en cabeza de la Rama Judicial, representada por la Fiscalía General de la Nación, por haber privado de su libertad a tres civiles sin que hayan infringido la normatividad penal.

Según el organismo de control, la exoneración de estas dos personas pone de manifiesto la responsabilidad administrativa de las entidades estatales en este hecho, pues no hubo certeza del punible.

«Sin justificación valedera se impuso a dichos ciudadanos la obligación de soportar un sacrificio especial que superó las cargas que normalmente los individuos deben asumir por el hecho de vivir en comunidad», advirtió la Procuraduría.

Finalmente la Procuraduría indicó que su postura está basada en una jurisprudencia de la misma Corporación, que destaca que actuaciones como la puesta en evidencia indican la deficiente labor investigativa del Estado, y de ahí que deba asumir la responsabilidad.