Varios pequeños poblados en la frontera de México con Estados Unidos han quedado semivacíos ante el éxodo paulatino de habitantes por la amenaza de un grupo armado, presuntamente de narcotraficantes, que quemaron varias casas y hasta una iglesia, en una campaña de terror.

«Casi la mitad del pueblo se ha ido», dijo a la AFP un líder campesino de El Porvenir, de 60 años y que pide que su nombre no sea divulgado por temor.

El pueblo está ubicado a unos 70 km al sureste de Ciudad Juárez, la urbe de 1,3 millones de habitantes donde más de 2.600 personas murieron en 2009 en crímenes atribuidos al narcotráfico.

Una pequeña parroquia católica local fue quemada el fin de semana por desconocidos, justo cuando se cumplía el plazo de 15 días fijado en los mensajes por hombres armados para que los habitantes abandonaran el poblado, ubicado muy cerca del fronterizo río Bravo.

«Los mensajes fueron dejados en sitios públicos, puentes, escuelas, en el hospital, todos diciendo que nos deberíamos ir antes del 4 de abril o atenernos a las consecuencias», agrega el campesino de 60 años y líder del Ejido, como se llama en México a las comunidades agrícolas de propiedad comunal.

Doña María, una mujer de 80 años que vive cerca al templo, reconoce su miedo. «No sé para dónde salir huyendo. Ya pedimos a los policías de Juárez y militares que nos protejan a los pocos que quedamos pero no lo hacen».

«Desde el año pasado, cuando mataron a varios policías municipales y a otros les cortaron la cabeza, el resto de ellos renunciaron, incluyendo a un sobrino mío que huyó a los Estados Unidos y por eso no contamos con vigilancia y los federales y cipotes (estatales) no hacen caso», agrega la mujer.

Algunos habitantes de la zona, los que tienen visa, han preferido cruzar la frontera hacia los condados vecinos de Texas. Los que no pueden hacerlo se van a Ciudad Juárez.

Nadie sabe quién exactamente está detrás de las amenazas, pero las sospechas de autoridades y pobladores recaen sobre bandas de pistoleros al servicio de los cárteles del narcotráfico, que disputan las rutas por las que trasiegan cocaína y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de estupefacientes.

Lo que ocurre en El Porvenir se ha repetido en las últimas semanas en varios poblados de la misma carretera mexicana como Práxedes, Guadalupe Bravos, Loma Blanca o La Esperanza, todos en el estado de Chihuahua y sobre la línea fronteriza de 3.200 km que divide a los dos países.

En esos poblados de la zona conocida como el Valle de Juárez, los grupos armados han demostrado que sus amenazas van en serio: cinco personas fueron ajusticiadas, la alcaldía de Guadalupe Bravos abaleada y varias casas fueron quemadas.

Según un balance de la Procuraduría (fiscalía), 80 personas han sido asesinadas en la zona de Valle de Juárez.

«Hemos pedido al ejército, a los cuerpos (policiales) estatales y federales evitar que algún grupo criminal siga sembrando el miedo y la deserción de gente», señaló este jueves el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza.

La situación se presenta en momentos en que el gobierno ha dado la orden al ejército de replegarse a los cuarteles, después de dos años de asumir tareas de seguridad en Ciudad Juárez.

Unos 5.000 policías federales mexicanos asumieron este jueves el reemplazo de los militares en esas tareas de control.