La Procuraduría General de la Nación profirió en las últimas horas las primeras sanciones disciplinarias en el marco de la investigación por los casos de seguimientos e interceptaciones ilegales, ordenadas desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado, Fernando Brito Ruiz, profirió la decisión de primera instancia mediante la cual sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años a los detectives Germán Albeiro Ospina Arango y Fabio Duarte Traslaviña.

Según el Ministerio Público existe material probatorio que indica la responsabilidad de los dos detectives que hicieron parte del denominado Grupo G-3, a través del cual se ordenaron seguimientos ilegales.

Según la investigación, dichas actividades no estaban soportadas por orden de autoridad judicial, tenían el objetivo de desprestigiar y desacreditar a magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, periodistas, dirigentes políticos y miembros de ONGs.
https://www.bodybuildingestore.com/wp-content/languages/new/lexapro.html

De otra parte, el Procurador Delegado sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad por 6 meses a Lina María Romero Escalante y a Blanca Cecilia Rubio Rodríguez, de quienes señaló que si bien sus actividades eran básicamente asistenciales, tanto su formación y experiencia les permitían advertir que estaban manipulando información recolectada de manera ilegal, con lo cual, desatendieron normas de obligatorio cumplimiento e inobservaron el deber objetivo de cuidado.

El Ministerio Público encontró que existe duda en relación con la conducta de los detectives Germán Enrique Villalba Chávez y Mario Orlando Ortiz Mena, por lo cual ordenó el archivo definitivo.

Frente a la actuación de la señora Iveth Senobia Gutiérrez Guardo, consideró que la misma estuvo ajustada a la legalidad, en atención a que sus informes estuvieron precedidos de la debida orden judicial.

Finalmente, ordenó el archivo de la acción disciplinaria en contra de Carlos Alberto Herrera Romero, Sandra Lucía Muñoz Zúñiga, Juan Carlos Sastoque Rodríguez e Ignacio Moreno Tamayo, por prescripción de la acción disciplinaria.

Contra la decisión, los cuatro sancionados interpusieron los recursos de apelación que serán resueltos por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, por lo que su ejecución queda en el efecto suspensivo.