La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 18 años a la senadora liberal, Piedad Córdoba al comprobar sus nexos con la guerrilla de las Farc.

Según el Ministerio Público, la congresista se habría extralimitado en la entrega de información a las Farc, así como en sus funciones para gestionar el intercambio humanitario.

De acuerdo a las investigaciones adelantadas por la Procuraduría, las pruebas de apoyo a la guerrilla por parte de Córdoba se indagan desde la Operación Fénix, donde fue dado de baja el número dos de las Farc, Raúl Reyes.

En ellos se logró establecer que el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la senadora en los que se identificó con los alias de ‘Teodora’, ‘Teodora de Bolívar’, ‘la Negra’ y ‘la Negrita’, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario.

Dicho material fue corroborado con otros medios de prueba, unos trasladados desde la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía y otros, producto de la labor investigativa en la Procuraduría General, tales como las salidas de emigración de la Señora Córdoba, interceptaciones legales telefónicas a los miembros del bloque Libardo García de Cali y la declaración dada por el infiltrado de nacionalidad ucraniana, Viktor Tomnyuuk, que tuvo contactos con el Comandante del Frente 30, alias ‘Mincho’. Igualmente, se contó con el apoyo de los informes presentados por la INTERPOL, y los peritajes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI y la DIJIN sobre la autenticidad de los medios electrónicos.

Por estos hechos, el Ministerio Público estableció con certeza que la senadora emitió consejos al grupo de las FARC relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos.

Además dio información a este grupo al margen de la ley sobre asuntos diferentes con la liberación de los secuestrados, entre ellos, posibles donaciones de gobiernos extranjeros a departamentos colombianos.

De la misma manera se constató que la Senadora Córdoba instruyó y solicitó a las FARC que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países. Así mismo, efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo.

De otra parte, el Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado absolvió a la dirigente política por el cargo de “traición a la patria”, por considerar que las diferentes alocuciones que dio en contra de las políticas del Gobierno no configuran falta disciplinaria al no menoscabar la integridad nacional.