El secretario general del ex presidente Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, consideró hoy injusta la sanción que se le impuso por su presunta implicación en el caso de las ‘chuzadas’ del DAS.

Moreno sostuvo que el procurador general, Alejandro Ordónez, se equivocó al sancionarlo bajo la «suposición» de que él buscó desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que fue uno de los colectivos alcanzados por el espionaje.

«Confío en que (el procurador) revoque su injusta decisión, al resolver, en derecho, el recurso de reposición que presentaré», expresó Moreno en un comunicado difundido en Bogotá.

El ex secretario general de Uribe aseguró que nunca se extralimitó en sus funciones y que sus actuaciones se ciñeron de «manera irrestricta a la ley».

En este sentido, sostuvo que «en ejercicio de un deber legal» debió preguntar por una persona (el empresario Ascencio Reyes) que, al parecer, tenía vínculos con un extraditado y otros individuos «al margen de la ley», y que «estaba tratando de infiltrar a la administración de justicia».

«Nunca, y lo digo vehementemente, ordené, sugerí o siquiera insinué que se investigara a ningún magistrado y, mucho menos, mediante mecanismos ilegales», aseguró Moreno, y apuntó que Uribe siempre estuvo al tanto de estos hechos.

La víspera, en un comunicado que hizo público en Guatemala, Uribe dijo que asumía «la responsabilidad jurídica y política por esa conducta», y, en consecuencia, que se ponía a disposición del Congreso y la CSJ.

En una decisión anunciada el lunes, Ordónez sancionó a Moreno con la destitución retroactiva del cargo de secretario general de la Presidencia y lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos durante 18 años.

El procurador también sancionó a Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate, antiguos directores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), desde, según las investigaciones, se ingenió y se realizaron las actividades ilegales.

El ex director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) Mario Aranguren, que comparece en un proceso penal por el que está preso, recibió una sanción similar a la de Moreno.

Además de los magistrados, el espionaje alcanzó a representantes diplomáticos, políticos de la oposición, defensores de derechos humanos (incluidos extranjeros) y periodistas.

Unos veinte ex funcionarios del DAS han sido detenidos por la Fiscalía General, que los procesó por estos hechos. EFE