La presidenta argentina, Cristina Kirchner, y su marido, el ex mandatario Néstor Kirchner (2003-2007) encabezaron un acto popular de rechazo a la orden de la Corte Suprema argentina de restituir a un fiscal en la provincia de Santa Cruz, feudo de la pareja presidencial.

Los Kirchner estarían acompañados en el palco del mitin en la ciudad sureña de Río Gallegos por 15 de los 24 gobernadores de provincias, incluido el anfitrión, Daniel Peralta, de Santa Cruz (Patagonia, sur), cuya intervención reclama la oposición en el Congreso tras el fallo de la Corte.

En abierta desobediencia al dictamen del máximo tribunal, los Kirchner y Peralta se rehúsan a reponer en su puesto al Procurador (fiscal) Eduardo Sosa, a quien Néstor Kirchner echó hace 15 años cuando gobernaba su provincia natal, lo que impidió una investigación independiente de las cuentas fiscales.

«¡No al golpe, no a la intervención federal de Santa Cruz!», rezaban carteles que empapelaron las paredes de la capital provincial santacruceña, en cuyo estadio cerrado Boxing Club se concentraban miles de militantes del peronismo kirchnerista.

La manifestación es la segunda del Gobierno en su puja con la Justicia, luego de la multitud de activistas que se congregó hace 10 días frente a los Tribunales para que el poderoso grupo de multimedios Clarín cumpla con la Ley de Medios y se desprenda en un año de algunas licencias de radio y TV.

La Corte respondió que no se inmutaba ante el mitin y aceptó un amparo del grupo multimediático para contar con más tiempo que un año para restituir las licencias, aunque también ordenó que el plazo no podrá ser indefinido.

«Esta sublevación contra la cabeza del Poder Judicial (…) no tiene antecedente en ningún gobierno democrático de Argentina (…). Una democracia no puede funcionar si sus autoridades políticas no están dispuestas a cumplir con los fallos de la Corte», dijo a la AFP Daniel Sabsay, constitucionalista y abogado de Sosa.

Pero a pesar de advertencias y críticas, el campo de confrontación con la Corte se trasladaba al sur, donde el oficialismo agita el fantasma de una intervención federal, la medida más temida por cualquier gobernador, por lo cual concitó la adhesión de los 15 mandatarios provinciales, incluso algunos opositores.

Santa Cruz, una de las provincias menos pobladas, con unos 230.000 habitantes, de producción petrolera y agrícola, fue la cuna política de los Kirchner y su plataforma de lanzamiento a la escena nacional.

«El fallo de la Corte es lo máximo y se debe acatar. Que diga el gobernador Peralta qué se puede hacer desde el Congreso para ayudar a cumplir la sentencia», dijo Ricardo Gil Lavedra, uno de los líderes de la primera oposición parlamentaria, la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR).

En cambio, José Luis Gioja, gobernador de San Juan (oeste), dijo que su intención no es cuestionar a la Corte, sino respaldar «el federalismo, la institucionalidad y la autonomía de las provincias».

Desde la otra vereda, Margarita Stolbizer, jefa del opositor bloque del partido socialdemócrata GEN, cuestionó al oficialismo por provocar «un ataque fuerte al estado de derecho».

En el fallo de la Corte que ordena reintegrar a Sosa, se señala que «el incumplimiento (…) configura un desconocimiento inadmisible de sentencias de esta Corte (…) y del principio de división de poderes».

Pero el enfrentamiento con la Justicia cobraba nueva fuerza al escribir la Presidenta esta semana en Twitter que «el Estado está atado de pies y manos. Los evasores y los que aumentan los precios se manejan a su antojo protegidos por la justicia cautelar».

El mensaje presidencial apuntó a la decisión de un juez de otorgar un amparo a la firma Shell contra la orden del Gobierno a la petrolera angloholandesa de dar marcha atrás con un alza de precios de combustibles. AFP