Una jueza federal emitió una orden judicial válida en todo el país para suspender la política que prohibía el ingreso a las fuerzas armadas de las personas que declararan su homosexualidad.

El fallo histórico el martes de la jueza federal de distrito Virginia Phillips fue ampliamente elogiado por las organizaciones que defienden los derechos de los gays, que le acreditaron haber logrado lo que el presidente Barack Obama y los demás políticos de Washington no pudieron.

Los abogados del Departamento de Justicia cuentan con 60 días para apelar. Los expertos dicen que dichos abogados no tienen ninguna obligación legal para hacerlo y podrían permitir que el fallo de Phillips permanezca.

El gobierno federal está revisando la decisión y no tiene comentarios de inmediato, dijo Tracy Schmaler, vocera del Departamento de Justicia.

Phillips declaró inconstitucional la ley, conocida como «no decir, no preguntar», después de un juicio de dos semanas sin jurado en un tribunal federal de Riverside, y dijo que emitiría una orden judicial válida en todo el país.

La ley de 1993 prohibe que los integrantes homosexuales de las fuerzas armadas expresen abiertamente su orientación sexual, y de igual forma prohibe a los oficiales hacerles preguntas al respecto.

Antes de emitir la orden judicial, la jueza pidió conocer el punto de vista de los abogados del Departamento de Justicia y de los Log Cabin Republicans _una organización por los derechos de los homosexuales_, la cual presentó una demanda en el 2004 en la que pedía que se aboliera esa política en las fuerzas armadas.

Los integrantes de Log Cabin Republicans le pidieron a Phillips que emitiera un fallo de inmediato para que la política no pueda emplearse contra ningún militar estadounidense en cualquier parte del mundo.

«La orden representa una victoria completa y total para los miembros de Log Cabin Republicans y reafirma los derechos constitucionales de los gays y lesbianas para luchar en las fuerzas armadas y morir por nuestro país», dijo Dan Woods, abogado del grupo Log Cabin.

Algunos abogados oficiales presentaron sus objeciones, argumentando que este cambio tan abrupto podría afectar las operaciones del ejército en un tiempo de guerra. Previamente le habían pedido a Phillips que limitara su fallo a los integrantes de Log Cabin Republicans, que cuenta con 19.000 miembros e incluye personal en activo y retirado de las fuerzas armadas.

Los abogados del Departamento de Justicia agregaron también que el Congreso deberá decidir sobre el asunto, y no la corte de la jueza.

Phillips dijo estar en desacuerdo y argumentó que la ley no ayuda a la presteza de las fuerzas armadas, y en cambio «tiene un efecto directo y nocivo» en éstas, al afectar el reclutamiento en un tiempo de guerra y al obligar a la baja de integrantes del servicio que tienen entrenamiento y habilidades decisivas.

La jueza agregó que la ley viola la libertad de expresión y los derechos de los integrantes de las fuerzas armadas a un procedimiento debido, luego de conocer los testimonios de integrantes del ejército que fueron dados de baja de acuerdo a la política. AP