Política

Estamos comprometidos con la causa común de las víctimas: MinInterior

El Ministerio del Interior y de Justicia, a través de la Dirección de Justicia Transicional, destacó que el Proyecto de Ley de Víctimas es un esfuerzo prioritario del Gobierno Nacional y así, también debe ser para toda la sociedad.

«Esa es la invitación que hace el Ministerio del Interior y de Justicia hoy: toda la sociedad colombiana tiene que respaldar este esfuerzo que va a emprender el Estado en la reparación de las víctimas, de las casi cuatro millones de personas que han sufrido el flagelo de la violencia», señaló el Director de Justicia Transicional de esta cartera, Miguel Samper, durante la Audiencia Pública del Proyecto de Ley de Víctimas convocada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

El Proyecto de Ley, sostuvo Samper, respeta los principios internacionales que regulan este tipo de iniciativas y de obligaciones de un país en proceso de transición.

Al respecto, manifestó que «Intentamos cerciorarnos de dar los más altos estándares en cuanto a las medidas de reparación, restitución, rehabilitación y asistencia, y así ha sido reconocido por expertos en materia de programas de reparaciones».

Esta propuesta, continuó Miguel Samper, contiene una «batería» de garantías de no repetición «porque el compromiso que adquiere el Estado no solamente tiene el carácter de reparar e indemnizar los perjuicios y menoscabos de los derechos, sino de evitar que se sigan causando a futuro».

Durante esta audiencia el representante de este Ministerio recordó que ya se están adelantando las consultas previas y el proceso de concertación con las comunidades indígenas y afrodescendientes para que las necesidades de estas poblaciones con respecto al proyecto de ley, queden consignadas.

A esta audiencia asistieron víctimas de varias regiones y organizaciones del país, representantes de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur; la Fundación de las Naciones Unidas para la Mujer, Unifem; y la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos; así como de la Iglesia Católica y los honorables miembros del Congreso de la República.

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