Según declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, la sala plena de la Corte, como juez disciplinaria del procurador, está obligada a investigarlo, pues ya hay una queja por extralimitación en sus funciones en el caso de la senadora Piedad Córdoba.

La sanción ratificada el día de ayer e impuesta en primera instancia el pasado 27 de septiembre por el procurador Alejandro Ordoñez, además de destituir a Córdoba, la inhabilita por ocho años; siempre y cuando el Consejo de Estado ratifique el concepto de la Procuraduría.

Sin embargo, la senadora debe abandonar su escaño en el Congreso mientras el Consejo de Estado resuelve su sindicación en la denominada “Farcpolítica”.

Según la Procuraduría, Córdoba colaboró con las Farc cuando era mediadora en la liberación de secuestrados mientras integraba el grupo Colombianos y Colombianas por la Paz.