El Comité contra la Tortura de la ONU denunció numerosas violaciones de los derechos humanos de colombianos refugiados en Ecuador, por parte de grupos ilegales y de las fuerzas de seguridad de ambos países, en un dictamen conocido este viernes en Ginebra.

El dictamen señala «continuos abusos y actos de violencia contra la población civil, en particular solicitantes de asilo y refugiados de nacionalidad colombiana, por parte de grupos armados ilegales y miembros de las fuerzas de seguridad ecuatorianas y colombianas», en zonas fronterizas.

El Comité de la ONU, que investigaba específicamente la situación de Ecuador, pidió al gobierno de este país que investigue y «enjuicie a los autores de esos actos».

Según calcula, hay unos 135.000 colombianos actualmente en territorio de Ecuador, de los cuales 45.000 han conseguido el estatuto de refugiados.

El Comité está integrado por 10 expertos independientes que vigilan el cumplimiento de la Convención Internacional contra la Tortura.

El informe da cuenta de «agresiones sexuales a refugiadas y solicitantes de asilo, presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y de las fuerzas armadas ecuatorianas».

«Mujeres y niñas, en su gran mayoría de nacionalidad colombiana, serían acosadas sexualmente u obligadas a mantener relaciones sexuales bajo amenaza de expulsión», agrega.

El Comité menciona también «casos de devolución de solicitantes de asilo colombianos ocurridos en junio de 2010 y la expulsión sumaria de otro en octubre de 2010 antes de que se hubiera adoptado una decisión en respuesta a su apelación».

El documento le recuerda a Ecuador que debe «garantizar que las personas que se hallen bajo su jurisdicción reciban un trato justo en todas las fases del procedimiento de asilo y, en particular, de una revisión efectiva, imparcial e independiente de la decisión de expulsión, devolución o deportación».

Pide asimismo «la eliminación del requisito de presentación del pasado judicial», que Ecuador exige a los solicitantes de asilo procedentes de Colombia, porque esa exigencia es contradictoria con la Convención internacional aplicada por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Ecuador modificó esas exigencias en 2009, exceptuando de su cumplimiento a menores de edad, a funcionarios y otras categorías de solicitates de asilo.

Pero esa rectificación es insuficiente, pues obliga «a muchas personas en necesidad de protección internacional a poner en riesgo su seguridad», por lo cual reclama a Ecuador eliminar el requisito, que «no respeta los principios de no devolución y confidencialidad en materia de derecho de los refugiados».

El Comité pide además que se le comunique los resultados de la investigación sobre el asesinato el 6 de julio de 2010 del médico forense Germán Antonio Ramírez Herrera, «especialista en la investigación de casos de tortura y ejecuciones sumarias», y reclama protección para los profesionales comprometidos con la lucha contra la tortura y la impunidad.

AFP