El Ejecutivo colombiano, los partidos políticos y el Poder Judicial rechazaron los comentarios del ex presidente Álvaro Uribe en el sentido de que apoya las peticiones de asilo de ex funcionarios investigados por la justicia, porque «no tienen garantías» y son perseguidos en el país.

«La rama judicial es autónoma, independiente y, en mi sentir, ofrece todas las garantías procesales a quien sea imputado», dijo el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras.

En Colombia «la justicia opera con independencia», insistió Vargas Lleras, mientras que el vicepresidente Angelino Garzón comentó a los periodistas que en el país «se garantiza el debido proceso» a todo el mundo.
En un comunicado publicado hoy por los medios locales, Uribe (2002-2010) sostiene que algunos ex funcionarios de su Gobierno «no tienen garantías» para ser juzgados en Colombia y que «la persecución sobre ellos también amenaza sus vidas».

«Siempre pedí a los compañeros de Gobierno que dijeran la verdad. Algunos me han expresado que, a pesar de haberla dicho, no tienen garantías en la justicia; en casos de esta naturaleza he compartido y apoyado que busquen asilo», argumenta el ex mandatario.

Sin mencionarlo expresamente, Uribe alude así al caso de la ex directora de la central de inteligencia colombiana (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS) María del Pilar Hurtado, a quien Panamá ha otorgado asilo territorial.

Hurtado es uno de los cuatro ex directores del DAS investigados en Colombia por una presunta trama de espionaje ilegal a magistrados, políticos y periodistas, ordenada directamente por el Gobierno de Uribe, según algunos testimonios recogidos por la Fiscalía.

De acuerdo con denuncias periodísticas aparecidas estos días, fue el propio Uribe quien recomendó a Hurtado que pidiera asilo e incluso intercedió ante el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, para que se lo concediera.

Además, este martes también se conoció que Costa Rica negó el asilo en octubre pasado al ex ministro Sabas Pretelt de la Vega, que dirigió la cartera del Interior y Justicia durante el Gobierno de Uribe (2002-2010).

Sabas Pretelt fue destituido en octubre pasado de manera retroactiva por la entrega de prebendas a congresistas para sacar adelante la enmienda constitucional que permitió la reelección de Uribe en 2006.
Los comentarios de Uribe también generaron rechazo entre los partidos políticos, tanto de la oposición como de la coalición gubernamental.

Germán Varón, copresidente de Cambio Radical, que forma parte de la coalición de Gobierno y al que pertenece el ministro Vargas Lleras, cuestionó que Uribe «descalifique» a la justicia «calificándola a priori de parcializada».

Uribe está haciendo «diplomacia internacional contra» la justicia colombiana, dijo por su parte el codirector del opositor Partido Verde, Lucho Garzón.

El Fiscal General interino, Guillermo Mendoza, subrayó que «no es posible sostener que las actuaciones judiciales sean caprichosas» y que, en el caso de la investigación contra Hurtado en el escándalo del DAS, las pruebas «se han sustentado en evidencias exhibidas públicamente».

La ex directora del DAS «ha tenido garantías plenas» en la investigación abierta en su contra, indicó Mendoza.

EFE