La Corporación Transparencia por Colombia presenta hoy su Índice de Transparencia Nacional 2008-2009 que fue realizado a 158 empresas, y que dejó en los primeros lugares a la Superintendencia Financiera y al Banco de la República, y en el último al Senado de la República, que fue la única entidad que no entregó información, lo que derivó en su baja calificación.

Según el informe, sólo el 8% de las entidades públicas evaluadas (exceptuando las de naturaleza especial) se ubican en bajo riesgo de corrupción.

Las 158 entidades fueron seleccionadas, por ser las que concentran la mayor parte del presupuesto nacional. De igual forma, este Índice evaluó 21 empresas de naturaleza y régimen especial del Estado.

Las cinco entidades con mejor calificación fueron la Superintendencia Financiera (95,2); el Banco de la República (95,1); el Ministerio de Educación (93,5); la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF (92,8); y la Auditoría General de la República (91,6).

Al otro extremo del listado, las calificadas con el peor promedio fueron el Senado de la República (21,2); la Corporación Autónoma Sostenible del Chocó (50,0); la Corporación Autónoma de la Mojana y San Jorge (52,9); la Registraduría Nacional del Estado Civil (54,2); y Colciencias (55,1).

Como conclusiones de su informe, la Corporación afirma que la rama Legislativa muestra el menor promedio de calificación con 39.7 puntos y los órganos de control muestran el mejor promedio de calificación con 79 puntos; mientras en el sector del Comercio, Industria y Turismo con un promedio de 87 puntos es el mejor calificado de todos.

El promedio general de este estudio fue 75,3, lo que señala un mejoramiento respecto al informe del año pasado en lo que respecta a las barreras de contención a la corrupción administrativa. Sin embargo, solo el 8% de las entidades tradicionales están en bajo riesgo de corrupción; mientras de 8,7% están en alto riesgo; 26,2% en riesgo medio; y 56,2% en riesgo moderado.

Temas que le preocupan a Transparencia por Colombia

La Contratación:

Según la Corporación, tras el informe, es preocupante que el 52% de las entidades, realizan más del 20% de su contratación sin formalidades plenas.

Además, de los 151.310 contratos suscritos por las entidades sólo se realizaron 813 licitaciones públicas. Aunque no todas las contrataciones se deben realizar por licitación pública, llama la atención la baja utilización de esta modalidad de contratación.

De los 151.310 contratos suscritos por las entidades, se realizaron 75.794 contratos por la modalidad de contratación directa, lo que corresponde al 50% de los contratos. Si bien la contratación directa es permitida por la ley, preocupa el porcentaje.

Gestión de los contratos:

De los 2.270 contratos de obra pública realizados por las entidades evaluadas, sólo se realizaron contratos de interventoría en 928, lo que corresponde sólo al 40%.

El valor total de los contratos interadministrativos fue de $3.959.994.148.957. Si bien este tipo de contratación está permitido por la ley, sorprende el alto valor que representa, pues este tipo de contratos no están mediados por procesos de amplia publicidad ni justa competencia.

Datos del estudio

La investigación, realizada por la Corporación Transparencia por Colombia, contó el apoyo de la Embajada Británica en Bogotá y la Embajada Real de los Países Bajos- Embajada de Holanda.

“El Índice de Transparencia Nacional –afirma Marcela Restrepo, Coordinadora de los Índices de Transparencia de las Entidades Públicas-, es una herramienta que mide la existencia de condiciones institucionales objetivas que favorecen la transparencia y controlan los riesgos de corrupción. No evalúa hechos de corrupción.”

Así, este Índice evalúa los factores de: Visibilidad, Sanción e Institucionalidad. Para el caso de las Empresas de Naturaleza y Régimen Especial se mide adicionalmente el factor Gobierno Corporativo. En cada uno de estos factores se analizan diversas dimensiones de la transparencia:

La Visibilidad evalúa la disposición pública y permanente que tienen la entidad de aspectos relacionados con su gestión administrativa, la facilidad para acceder a esta información y la calidad de la misma.

El factor Sanción evalúa los fallos de responsabilidad fiscal y disciplinaria, relacionados con conductas consideradas como corruptas en la legislación colombiana. De otro lado, mide la acción de las oficinas de control interno como mecanismos de autorregulación.

En el factor de Institucionalidad, se evalúa el cumplimiento en la entidad de las normas que rigen la gestión de la misma, así como cumplimiento de los procesos y procedimientos que la institución ha propuesto para el cumplimiento de la misión.

En Gobierno Corporativo, aplicado sólo en las Empresas de Naturaleza y Régimen Especial, se evalúan principios formales y procesos de gestión basados en la transparencia. Aspectos como la entrega de información a grupos de interés, lineamientos empresariales éticos, contenidos mínimos de código de ética, manejo de información y conflicto de intereses.