Con el fin de garantizar el derecho a la educación y la prestación del servicio en medio del estado de emergencia que enfrenta el país por el invierno, el Ministerio de Educación Nacional estableció, mediante el Decreto 4827 del 29 de diciembre, la flexibilización del calendario académico, especialmente en lo que respecta a las semanas de desarrollo institucional, receso estudiantil y trabajo académico.

Esta disposición permitirá que durante la emergencia, se le pueda garantizar a los estudiantes el derecho a la educación de manera flexible, intensificando las jornadas escolares.

«El calendario académico en la educación preescolar, básica y media tendrá la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas regionales y a las tradiciones de las instituciones educativas y se organizará por periodos anuales que comprendan un número de horas efectivas equivalente a 40 semanas de duración mínima», dice el artículo 2º del decreto. Para ello, el Ministerio brindará la asistencia técnica y el acompañamiento que se requiera.

La revisión de las diferentes estrategias y alternativas deberá hacerse de manera conjunta y concertada entre alcaldes, gobernadores, secretarios de educación, rectores de instituciones educativas y de la comunidad educativa, en general con el fin de garantizarle a los estudiantes que recibirán las horas de estudio legalmente establecidas; precisó la ministra de Educación Nacional, María Fernanda Campo.

Adicionalmente, la norma establece que el Ministerio podrá reglamentar el uso de la infraestructura necesaria, teniendo en cuenta que son más de 800 los establecimientos educativos de 150 municipios en 18 departamentos que se han visto seriamente afectados por el Fenómeno de la Niña a la fecha, razón por la cual el Ministerio viene adelantando con las diferentes secretarías de educación un inventario sobre el estado de las mismas.

«La autoridad territorial administradora del servicio educativo podrá autorizar, mientras subsistan las condiciones de afectación del mismo, la utilización de las instalaciones escolares públicas de su jurisdicción para el funcionamiento temporal de más de un establecimiento educativo, según las necesidades», explica la norma.