Un Parlamento compuesto por las principales fuerzas políticas asumirá sus funciones el miércoles en Venezuela en un clima de tensión por los poderes excepcionales para legislar concedidos al presidente Hugo Chávez y a las leyes aprobadas con urgencia por los diputados salientes.

De los 165 diputados de la nueva Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), 98 pertenecen al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), presidido por Chávez, y 67 a fuerzas opositoras.

Esta situación, emanada de las legislativas del pasado septiembre, transforma el panorama vivido desde 2005, cuando el chavismo era prácticamente la única fuerza presente en la Cámara debido a que sus detractores no participaron en los anteriores comicios.

«La oposición venezolana tendrá las puertas abiertas de la Asamblea Nacional para discutir ideas», declaró este lunes a la televisión oficial VTV el diputado Fernando Soto Rojas, candidato del PSUV para presidir el nuevo Parlamento.

Según Sojo Rojas, la oposición ostentará responsabilidades importantes en las comisiones de trabajo y tendrá presencia en los medios de comunicación estatales. Este diputado confió además en que los detractores del gobierno «presenten un proyecto alternativo» y no se escuden únicamente en su posición «antichavista».

Sin embargo, los diputados de oposición temen que la ley aprobada en diciembre que concede a Chávez poderes excepcionales para legislar por decreto durante 18 meses sobre un amplio abanico de materias les prive de buena parte de sus atribuciones.

«Será una Asamblea Nacional con las alas recortadas porque no tendrá funciones legislativas importantes en 18 meses ya que se las reservó el presidente ni podrá ser un órgano de control del Ejecutivo», declaró a la AFP Federico Welsch, profesor de Ciencia Políticas en la Universidad Simón Bolívar de Caracas.

En una columna publicada en la prensa el domingo, el presidente Chávez reconoció que el Parlamento será «uno de los grandes escenarios de la batalla de 2011», a un año de las presidenciales en las que aspira a lograr un tercer mandato.

«La responsabilidad histórica de nuestros legisladores es grande: hay que derrotar a los politiqueros pitiyanquis en el terreno de las ideas y al mismo tiempo hay que despejar todos los obstáculos para el pleno ejercicio del pueblo legislador», pidió Chávez.

Para el profesor de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, Ricardo Sucre, autor del libro «La amenaza social y el autoritarismo en Venezuela», hay un «control progresivo del poder que va en dirección opuesta a la voluntad popular».

«La estrategia de Chávez será cómo implantar una dictadura sin que nadie se dé cuenta: El irá aumentando o reduciendo la velocidad, buscará temas y leyes que gusten como la vivienda y que le puedan dar un beneficio en la opinión pública. Le pondrá un rostro bonito a estos poderes excepcionales», declaró a la AFP.

Para el diputado opositor Julio Borges, la misión a partir del miércoles será «develar las mentiras» del Ejecutivo y pedir «explicaciones» sobre algunas decisiones adoptadas recientemente.

Desde principios de diciembre, la Asamblea Nacional saliente aprobó de forma vertiginosa más de 20 leyes nuevas o reformas de leyes ya existentes ante las críticas de una oposición impotente.

Entre ellas, destacan la ley de educación que promueve la «construcción del modelo socialista» en las universidades, la reforma de la ley de Telecomunicaciones, la de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, la de instituciones del sector bancario o la ley orgánica del poder popular, entre otras.

«Mientras el presidente sigue de espaldas a los venezolanos, nosotros seguiremos motivando, organizando y movilizando a los venezolanos para lograr el cambio que merecemos todos», garantizó Borges.

Paralelamente, los diputados oficialistas tendrán como fin avanzar en la concreción de ideas predicadas por Chávez como el «parlamentarismo de calle» o el pueblo legislador.

Leyes aprobadas en diciembre caminan en esta dirección pese a que la oposición recuerda que la noción de «poder comunal» estaba incluida en la reforma constitucional rechazada en 2007 en referéndum. AFP