La Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la Nación (CNCAE), presentó el resultado del ejercicio de acompañamiento a los diferentes procesos que la organización electoral y las diferentes entidades estatales y no estatales realizaron con ocasión de las elecciones que se cumplieron durante el año 2010.

El documento titulado “Informe de elecciones del año 2010” revela que, un total de 8 mil 208 jurados de votación, de los 382 mil 200 convocados, no asistieron a los lugares para los que fueron asignados, por lo tanto, de comprobarse su inasistencia injustificada se sancionarán administrativamente por la Organización Electoral, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que impongan las oficinas de control interno de las entidades o la Procuraduría General de la Nación.
Las regiones del país donde se presentaron los mayores casos de ausencias de jurados de votación fueron: Distrito Capital (3086), Valle (982), y Antioquia (914).

El Vicepresidente de la Comisión y Procurador Séptimo Delegado ante el Consejo de Estado, Gilberto Castro Castro, indicó que el informe contiene un inventario de sugerencias y recomendaciones, obtenidas del control electoral a los puestos de votación, que servirán de insumo para que la Organización Electoral mejore su logística y procedimientos, con el propósito de garantizar la transparencia, la seguridad y la rapidez en el procesamiento y suministro de la información electoral.

En materia disciplinaria, las denuncias formuladas por la ciudadanía permitieron que la Procuraduría General de la Nación iniciara 387 procesos disciplinarios en todo el país, para investigar la posible conducta irregular de funcionarios y servidores públicos por indebida participación en política.

De acuerdo con el informe, la CNCAE, en coordinación con el Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), capacitó a 5 mil 160 personas, en 20 jornadas académicas cumplidas en 19 ciudades del país, en temas relacionados con la normatividad que rige el proceso electoral, ley de garantías y los procedimientos que se diseñaron por parte del Ministerio Público para la formulación, trámite y atención de las denuncias por delitos contra el sufragio.

El documento refiere que, con ocasión del proceso de inscripción de cédulas, se recibieron 4 quejas por trashumancia electoral, las cuales fueron trasladadas para conocimiento del Consejo Nacional Electoral, por ser de su competencia.

En relación con el tema neurálgico del software para el procesamiento de resultados, la Comisión dispuso la participación de ingenieros de sistemas de oficinas centrales de la Procuraduría en los centros de procesamiento de los departamentos con mayor riesgo electoral, quienes identificaron falencias en los procesos cumplidos durante los simulacros, lo cual permitió enviar informes oportunos a la Registraduría Nacional del Estado Civil con el ánimo de adoptar las medidas correctivas.

A nivel nacional, los procuradores regionales, provinciales y personeros municipales atendieron lo contenido en el Instructivo de Control Electoral, adoptado mediante Resolución 281 del 4 de septiembre de 2009, que sirvió de guía para la efectiva vigilancia, preventiva y disciplinaria, de los tres procesos electores cumplidos el año anterior.

En ejecución de las actividades de control y vigilancia, el Ministerio Público asignó funcionarios en las diferentes localidades del Distrito Capital con una cobertura del 96 % de los puestos de votación.

Así mismo, destacó que en Bogotá, los Procuradores Judiciales tuvieron a su cargo la vigilancia del ingreso de los documentos electorales a las urnas triclaves dispuestas por la Registraduría, así mismo, hicieron acompañamiento a dichos procesos, incluyendo el traslado de las arcas desde las diferentes localidades a Corferias.