Al considerar que se cumplen los presupuestos procesales y probatorios para declarar la responsabilidad penal de los miembros del M-19 acusados por el holocausto del Palacio de Justicia, la Procuraduría General de la Nación solicitó pronunciamiento de condena en contra de varios insurgentes.

Ellos son, Alfonso Alberto Jacquin Gutiérrez, Amalia Sossa Sierra, Guillermo Elvencio Ruiz Gómez, Irma Franco Pineda, Israel Santamaría Rendón, Luís Francisco Otero Cifuentes, Rafael Arteaga Giraldo y Remberto Artunduaga Palomares.

La agencia especial de la Procuraduría solicitó condena por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio en concurso homogéneo, por las múltiples víctimas que se relacionaron con el asesinato de los dos celadores y el administrador de la edificación del Palacio, conductas lesivas de la integridad personal y la vida, consideradas de lesa humanidad en el Estatuto de Roma, que en su artículo 7 prevé el asesinato como crimen de esta naturaleza, siempre que sea cometido de manera sistemática y generalizada contra la población civil.

Para el Ministerio Público, tal situación fue la que efectivamente ocurrió el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el grupo subversivo arremetió contra civiles, ajenos al conflicto, que representaban la institucionalidad estatal en la rama jurisdiccional del poder público.

Al presentar su concepto, la Procuraduría lamentó la tardía respuesta de la administración de justicia, que trajo como consecuencia la prescripción de las conductas de rebelión, secuestro, hurto agravado y uso de documento público falso que se habían acreditado oportunamente contra los procesados.