La revista Semana publicó en su más reciente edición un completo informe acerca del que denominaron “El carrusel de los magistrados” en el que se muestran una serie de contratos desproporcionados y escandalosos que se “autoadjudican” los juristas.

Según la publicación, el escándalo comenzó la semana pasada con la revelación de contratos que habían ofrecido los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a unos 90 magistrados auxiliares nuevos, que se podrán jubilar a nombre del Estado por unos 140.000 millones de pesos.

Y todo se agrava porque cuando un juez loga que lo nombren, así sea solo un mes como magistrado auxiliar, consigue que su pensión se calcule por unos 16 millones de pesos y no por los cuatro que venía cotizando.

En esa entidad, según Semana, se podían nombrar 21 magistrados auxiliares y desde el 2008 se han nombrado 115.

Y es que los magistrados en Colombia tienen un sistema particular de pensiones que ya no tiene ni siquiera el Presidente de la República, que consiste precisamente en que su pensión se calcula únicamente en el último año laboral, y además su periodo termina en las mujeres a los 50 años y en los hombres a los 55.

También, denuncia Semana, que el Procurador General, Alejandro Ordoñez, pidió al Seguro Social y a Cajanal acatar la nueva jurisprudencia, es decir pagarles a todas las pensiones a los empleados de la rama judicial sin que tengan que recurrir a tutelasy que lo calculen de acuerdo con sus prevendas particulares
(vacaciones, más alto salario en el último año, primas, etcétera).

“Esa circular del Procurador le va a costar al Estado un huevo de plata”, dice una persona que conoce como la palma de la mano el sistema pensional colombiano y ha sido directivo del Seguro Social.

En diciembre pasado el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, advirtió el efecto catastrófico que tenían esas pensiones sobre las finanzas del Estado, y dijo que podían abrir una brecha de entre 7,5 billones y 20 billones de pesos, y eso que ahí no estaban incluidos los magistrados auxiliares, aunque sí los miembros de la Procuraduría y la Fiscalía, que tienen los mismos beneficios.