El Ministerio Público (MPF, fiscalía) de Brasilia pidió a la Justicia federal que inicie un proceso contra el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva por improbidad administrativa, y solicitó el bloqueo de sus bienes, informó la entidad este martes en una nota oficial.

En el pedido, la Fiscalía acusa al ex mandatario y al ex ministro de Previsión Social Almir Lando de haber utilizado la maquinaria pública entre octubre y diciembre de 2004 para hacer promoción personal, a través de más de 10 millones de cartas enviadas a jubilados de todo el país.

Esas cartas, firmadas por el mandatario y su ministro, informaban a los jubilados sobre la posibilidad de conseguir préstamos con bajos intereses.

La Fiscalía de Brasilia considera que el hecho no constituía un caso de interés público para emisión de millones de cartas enviadas utilizando dinero del Estado, y sostiene que sirvieron a la promoción política de los dos jerarcas.

Además, según la Fiscalía, la operación anunciada en las cartas habría beneficiado a un banco privado que otorgaba los créditos, y que fue acusado de haber participado de un escándalo de pago de sobornos a políticos y legisladores oficialistas que sacudió el gobierno de Lula en 2005 y 2006.

El pedido de la Fiscalía exige la devolución del costo de envío de esos 10 millones de cartas por parte de Lula y Lando, y para ello solicita a la Justicia Federal el bloqueo de los bienes de ambos para garantizar la restitución de los fondos en caso de que sean procesados y hallados culpables.

«La acción quiere el resarcimiento a los cofres públicos de todos los valores gastados indebidamente. Si fueran condenados por la Justicia, los acusados podrán, incluso, tener sus derechos políticos suspendidos; pagar una multa; quedar impedidos de contratar o recibir beneficios del Poder Público; y perder la función pública o jubilación, si fuera el caso», señala el texto.
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De acuerdo con el pedido presentado por la Fiscalía, los pagos realizados por la impresión de las cartas (unos 11 millones), ejecutados por la empresa de procesamiento de datos del Ministerio de Previsión Social, tampoco fueron debidamente autorizados por el Tribunal de Cuentas.

La Fiscalía denuncia un perjuicio para el Estado de 9,5 millones de reales (unos seis millones de dólares al cambio actual).

En 2005 y 2006, el banco privado BMG, el mencionado en la denuncia, se encontró en el ojo de una verdadera tormenta política ante denuncias por dinero desviado a políticos oficialistas a través de cuentas en esa institución, en un escándalo que hizo tambalear al gobierno de Lula y provocó la caída de varios de sus ministros.

A pesar del escándalo, Lula fue reelecto en las presidenciales de 2006 para un segundo mandato, que completó en 2010. Pasó el poder a su ex ministra Dilma Rousseff disfrutando de una popularidad sin precedentes en la historia del país, de 87%. AFP