Colombia presentó este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra la ley las víctimas de la violencia en el país, pero defensores de los derechos fundamentales lamentaron la falta de un plan gubernamental para proteger a los que sufren amenazas y agresiones.

«Reparar a las personas que han sido víctimas de la violencia en nuestro país y restituir la tierra a aquellas personas que hayan sido despojadas violentamente de la misma» es el objetivo de una ley impulsada por el gobierno, afirmó en un discurso del vicepresidente colombiano, Angelino Garzón.

«La ley está proyectada para ser aplicada en un periodo de 10 años y, en principio, el gobierno ha decidido realizar una inversión para su implementación cercana a los 25.000 millones de dólares», precisó el vicepresidente.

«El Estado ha reconocido cerca de cuatro millones de personas que han sido víctimas de la violencia (…) aproximadamente un millón de familias, incluyendo la población desplazada», afirmó. «Tendremos que reparar cerca de 100.000 familias cada año, 8.500 familias por mes y 350 aproximadamente cada día en los próximos diez años», calculó.

Sin embargo, Marcello Pollack de la ONG Amnistía Internacional, consultado por correo electrónico en la sede central de su organización en Londres, lamentó: «hay una creciente violencia (amenazas y homicidios) en contra de líderes sociales, defensores, y personas retornando a sus tierras, pero el gobierno no tiene un plan para protegerlos».

«La ley de víctimas y la restitución de tierras pudiera ser un primer paso hacia la reparación de las víctimas», consideró el activista.

«Faltan implementar mecanismos de fondo para proteger a las personas que vuelven a sus tierras y a las personas que las representan. Si esto no se hace hay un riesgo que el número de homicidios se incremente significativamente», advirtió.

Sin embargo, para el gobierno colombiano, la pronta promulgación de este dispositivo «refleja de manera inequívoca la voluntad política del gobierno nacional para otorgar una mayor prioridad a las víctimas y por sancionar a los victimarios».

Según Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas, «son más de 2.800 los asesinatos y las desapariciones forzadas de sindicalistas desde 1985 en Colombia y la impunidad al respecto es casi total», según un correo electrónico enviado desde Bogotá, Colombia.

«El gobierno se comprometió con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a organizar unas investigaciones especiales por parte de fiscales dedicados exclusivamente a trabajar en estos casos, pero los resultados hasta ahora son muy pobres», sostuvo Gallón.

No obstante, el vicepresidente Garzón valoró en Ginebra «la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos». «Quisiera reiterar en este Consejo el compromiso decidido del Estado Colombiano de ofrecer garantías para el ejercicio de sus actividades», agregó.

«Queremos promover una cultura de cero tolerancia con la violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario», anticipó Garzón, quien anunció para fin de año una Conferencia Nacional de Derechos Humanos en Colombia con el propósito de trabajar junto con la sociedad civil y la comunidad internacional.

EFE