«No son satisfactorias las explicaciones dadas por el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, sobre las inversiones militares de Estados Unidos en bases colombianas», afirmó el senador Jorge Enrique Robledo, al pedirle de nuevo al funcionario aclarar las que consideró «varias y graves inconsistencias».

La Coalición Colombia No Bases, en cuyas investigaciones se ha respaldado Robledo, también señaló que el Gobierno ha dejado de explicar con seriedad por qué Estados Unidos dice contar con dichos emplazamientos en el país.

Afirmó que el ministro colombiano describe como “simple adecuación de alojamientos” y “otras construcciones menores”, el contrato suscrito el 30 de septiembre de 2010 con la empresa HCS Group. Pero según información del Gobierno estadounidense, el contrato tiene que ver con la prestación de servicios a una AOB (Advanced Operations Base) que el Comando Sur de Estados Unidos tiene en Tolemaida, como consta en la página usapending.gov.

El senador Robledo explicó que “una AOB es una base militar para comandar, controlar o apoyar operaciones tácticas o de entrenamiento. Hay otro contrato para llevar a cabo ‘instalaciones adicionales de una AOB’ en la misma base colombiana de Tolemaida. Los dos suman más de US$500 mil, cifra exageradamente alta para hacer una de menores adecuaciones menores como dice el ministro», recalcó.

Hay un tercer contrato, por más de US$400 mil, para obras de la fase 1 de una CSL (Cooperative Security Location), otro tipo de bases militares, que instala Washington a lo largo del mundo. Y existen otros contratos que nada tienen que ver con la construcción de obras menores.

El senador recordó que la Corte Constitucional tumbó, en agosto de 2010, el acuerdo suscrito por los dos gobiernos para construir siete bases militares estadounidenses dentro de instalaciones colombianas, por lo que -indicó- «la actuación del gobierno de Juan Manuel Santos es manifiestamente ilegal».

El senador del Polo Democrático pidió también esclarecer por qué hay una diferencia de US$100 millones entre las cifras suministradas por el Ministerio de Defensa colombiano y las que figuran en los contratos celebrados por Estados Unidos para “cooperación bilateral”.