En investigaciones dirigidas por la Superintendencia de Notariado y Registro, se encontró que cerca de 150 mil hectáreas de la nación o de campesinos han cambiado de manos irregularmente.

El superintendente, Jorge Enrique Vélez aseguró «Presidente: donde ponemos el dedo sale pus», y explicó que en las 10 oficinas donde han hecho revisiones se han encontrado irregularidades, y se seguirán encontrando en las 182 restantes.

El Ministro de Interior, Germán Vargas, tras conocer los primeros resultados mostró una gran preocupación y afirmó que “hay un enorme foco de corrupción en muchas oficinas de registro en donde la propiedad ha sido adulterada».

El ministro, asegura que el cambio de dueños irregularmente, se acerca a las 150 mil hectáreas, con la ayuda de los registradores y notarios, apoyados desde Incoder.

Entre los casos que despierta mayor atención esta la venta de 17 mil hectáreas de la Nación en la vereda Cristalina, Meta, que según el registró pertenecían a la Nación, por el esmeraldero Victor Carrranza.

Uno de los investigadores explicó que estas tierras fueron entregadas a 16 personas diferentes, y que una de ellas era de apellido Carranza, y con apoyo de las oficinas de registro de Puerto Gaitán y Villavicencio, las tierras se escrituraron por 40 millones, pero fueron vendidas por 15 mil millones.

Lo que despierta mayor interés de esta zona, es que se inician investigaciones por cadáveres encontrados en estos predios.
Por otro lado se encontraron 122 terrenos que pertenecían a campesinos, y ahora están en manos de empresarios, esto gracias a la ayuda de la registradora Ana Regina Güete, de Carmen de Bolívar, Bolívar.

El vocero de los registradores de instrumentos Públicos, Leonardo Calderón, asegura que si existe irregularidades en las oficinas, pero que sólo por las 10 oficinas donde encontraron estos procesos irregulares no se puede juzgar a todo el personal.

Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, asegura que la intervención que anunció el Gobierno busca purgar a la entidad de prácticas corruptas pero también, modernizar el arcaico sistema registral que aún tienen 40 de las 192 oficinas.
Luego de estos resultado, se ha concluido que no se puede cambiar a todo el personal, pero si aquellos funcionarios que han tomado decisiones que afectan el buen servicio, pero si han decidido cambiar las oficinas
de sede.

Se ha solicitado investigación en los casos de Carmen de Bolívar (Bolívar) y San Martín (Meta), y el retiro de los registradores de Girardota (Antioquia) y de Acacías (Meta) por falta de claridad en las cuentas.

Las decisión de logar los reajustes depende de la decisión que tome el Congreso para continuar con estas investigaciones en las demás registradurías y notariados.

(Redacción Lucía Rojas)