Este proyecto, radicado por el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, en la Secretaria de la Cámara de Representantes, busca que las personas con discapacidad no sean tratadas por la sociedad en general con desdeño y establece mecanismos para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos mediante la adopción de medidas de inclusión, lo mismo que elimina toda forma de discriminación.
La iniciativa ajusta la legislación colombiana en esta materia y en especial en relación con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, según la cual, la discapacidad incluye la deficiencia, la interacción con las barreras sociales, y la limitación para participar en igualdad de condiciones.
El proyecto, presentado por el Ejecutivo, busca instaurar un enfoque diferencial que permita brindar la atención y protección a las personas con discapacidad según su situación específica y en algunos casos, según su vulnerabilidad. En este sentido, se plantea que las entidades municipales y distritales diseñen en un término no mayor a un año un plan de accesibilidad al especio público y a los bienes públicos de su circunscripción.
Así mismo, el Gobierno pretende asegurar la señalización en aeropuertos, terminales de transporte, medios de transporte masivo y espacios públicos en un plazo de 10 años, garantizando el fácil acceso y la movilidad de esta población.
En el campo laboral se establecen beneficios tributarios y líneas de crédito para las empresas que contraten personas con discapacidad, con el ánimo de incentivar las ofertas y el trabajo productivo.
ABC del Proyecto sobre población en situación de discapacidad
· El proyecto de ley establece que la Nación, los departamentos, distritos, municipios y localidades, de acuerdo con sus competencias, incorporarán en todos los planes de desarrollo, tanto nacionales como territoriales, así como sectoriales e institucionales, los diferentes elementos integrantes de la política pública de discapacidad y del Plan Nacional de Intervención para la Incapacidad.
· Adopta un enfoque de inclusión de los niños y niñas con discapacidad y con alto riesgo de adquirir una. Establece programas de detección precoz y atención temprana, como programas de apoyo a las madres, educación inclusiva, estrategias de promoción y pedagogía.
· Considera dar prioridad a las familias de bajos recursos, a través del establecimiento de un programa de apoyo liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
· La ley define mecanismos para que el Sistema General de Seguridad social y Salud incorpore, dentro de los planes de beneficios obligatorios, la cobertura de los servicios de habilitación y rehabilitación integral, con estándares de calidad, esquemas de vigilancia y control.
· Establece mecanismos para la formalización del empleo y programas de aseguramiento de riesgos laborales y no laborales de las personas con discapacidad.
· Programas flexibles para facilitar y garantizar el acceso a pensiones y ajustar los programas de subsidios para las personas con discapacidad, para que también se involucren acciones de acompañamiento y apoyo para su desarrollo humano e inclusión.
· La iniciativa establece que los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs, podrán, según su sector, otorgar incentivos de carácter tributario -exoneración de tasas arancelarias, estímulos económicos y alianzas público privadas para facilitar el lector de pantalla a personas con discapacidad visual en el trabajo -a quienes empleen a personas con discapacidad.
· El Fondo Nacional del Ahorro o quien hagas sus veces, otorgará créditos de vivienda y educación para las personas con discapacidad, con una tasa de interés preferencial.
· Propone que Entidades municipales y distritales diseñen, en un término no mayor a un año, un plan de accesibilidad al espacio público y a los bienes públicos de su circunscripción.
· Busca asegurar la señalización para personas con discapacidad en aeropuertos, terminales de transporte, medios de transporte masivo y espacios públicos. Se garantiza el fácil acceso y la adecuación de vías, aeropuertos y terminales, en un plazo no mayor a 8 años.
· Se propone reformar el sistema de interdicción judicial para favorecer el ejercicio de la capacidad jurídica y la toma de decisiones con apoyo de las personas con discapacidad.
