Un plazo de un año tiene Transmilenio para cumplir la orden del Consejo de Estado de instalar sensores y alarmas audibles para controlar el sobrecupo en los buses articulados y ubicar personal para organizar la entrada de pasajeros.

La orden del alto tribunal corresponde a un fallo sobre una acción popular que presentó una usuaria del sistema, de nombre Sara Isabel Ríos, quien denunció el riesgo de un accidente por el sobrecupo y la falta de información para utilizar el servicio con seguridad.
Sin embargo, hay otras medidas de aplicación inmediata.

En menos de 15 días, Transmilenio debe activar junto con la Policía medidas para que las personas discapacitadas, mujeres embarazadas, niños y ancianos tengan la preferencia para abordar los buses y los alimentadores y que hagan respetar las sillas destinadas para ellos.

La Policía también tiene tres meses de plazo para activar un operativo permanente de seguridad en las estaciones, en las troncales y dentro de los buses y controlar el desorden que se presenta en estos puntos y que propician el sobrecupo.

En tres meses la empresa debe implantar un sistema de información con mensajes audiovisuales que informen a los pasajeros los horarios y frecuencias de las rutas y que exhorten a los pasajeros a respetar las filas para el ingreso a los vehículos