La procuradora delegada María Eugenia Carreño Gómez, aseguró que el 90% de las 390 Instituciones Prestadoras de Servicios, IPS, que prestan servicios de quimioterapia a nivel nacional funcionan sin haber sido certificados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).

De acuerdo con el Ministerio Público, aunque el INVIMA realizó las visitas y encontró que las IPS, es decir, todos los centros, clínicas y hospitales donde se prestan los servicios médicos, no cumplían requisitos, y a pesar de no ser certificadas, tampoco aplicó la medida sanitaria de cierre temporal o definitivo, permitiendo que continuaran funcionando en condiciones fuera de la ley.

Por su parte, la Procuradora Delegada pregunta por qué el INVIMA ha sido selectivo en la aplicación de las medidas sanitarias a las IPS que no cumplen con las exigencias legales, aplicando medidas sanitarias de cierre a algunas y permitiendo a otras continuar funcionando.

Según la Procuraduria, sobre estos casos ya fueron informados el Ministerio de la Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud, con quienes se coordinaron las primeras acciones.

La investigación del Ministerio Público se dio tras una queja interpuesta por una joven de 18 años, quien manifestó tener dudas acerca de la calidad del tratamiento que estaba recibiendo para un cáncer denominado “linfoma de Hogdkin”, ya que después de 10 sesiones de quimioterapia no se habían generado los efectos secundarios propios (tales como caída del cabello) y además no había evolucionado hacia la curación como se esperaba.