La Personería de Bogotá le salió al paso a las declaraciones de la alcaldesa encargada Clara López Obregón y aseguró que la ciudad no está preparada para enfrentar la nueva temporada invernal, porque no se han destinado recursos suficientes ni se han ejecutado obras para mitigar los efectos de las lluvias en 518 puntos críticos que hay en la ciudad, por riesgo de deslizamientos e inundaciones.

Según el informe entregado por la Personería, en coincidencia con el lanzamiento de un plan de contingencia por parte de la alcaldesa López Obregón, pese a que desde diciembre de 2008 el Acuerdo 341 ordenó que en tres meses las entidades del Distrito debían elaborar, implementar y enviar para su aprobación al Fopae, los Planes Institucionales de Respuesta a Emergencias (Pire), más de dos años y medio después ninguna de las dependencias que hacen parte del sistema de prevención le ha dado cumplimiento a la norma.

El estudio realizado por la Personería de Bogotá subraya que 32 meses después de ordenada su elaboración hay 15 entidades que ni siquiera han iniciado su construcción.

Personería inició investigación.

De acuerdo con el Ministerio Público Distrital, varias entidades y alcaldías locales no han realizado aún una sola acción para elaborar el Pire, pese a la inminencia de una nueva ola invernal y las dificultades sufridas recientemente.

Igualmente destaca que se encontró que la Administración no apropió presupuesto suficiente para conjurar los 518 sitios críticos detectados por la Fopae.

Agrega que tampoco se ha venido reubicando de manera efectiva a las familias en alto riesgo ni se habían destinado los recursos necesarios para la prevención y atención de emergencias, al punto que en las temporadas invernales anteriores el Distrito tuvo que declarar una urgencia manifiesta para apropiar recursos adicionales para enfrentar la situación.

El estudio de la Personería subraya que a agosto del presente año, la Alcaldía Mayor, Secretaría de Gobierno, Universidad Distrital, Misión Bogotá, Empresa de Renovación Urbana, Corporación La Candelaria y nueve alcaldías locales (Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Usme, Teusaquillo, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz) no han realizado ningún avance en la elaboración del Pire.

En su conjunto, advierte, las doce Secretarías adelantaron en promedio cerca de 43,75%, cuando para la temporada de ola invernal debió haberse presentado el 100%. De las 11 alcaldías locales que realizaron algún avance del Pire, cinco presentaron un avance por debajo de 50% (Tunjuelito, Engativá, Suba, Los Mártires y Antonio Nariño). Las Alcaldías de Tunjuelito, Engativá y Suba, que se vieron fuertemente afectadas por la temporada de ola invernal, presentaron el avance más bajo, en promedio 18%.

SEñala quie después de 32 meses de sancionado el Acuerdo de 2008, a agosto de 2011 sólo 12 entidades distritales, de las 67 obligadas, han presentado Pire, entre el 80 y 95%, por eso la Personería iniciará una investigación disciplinaria contra los funcionarios responsables de incumplir la norma.

Recursos

El ente de control encontró que durante la temporada de ola invernal se tuvo que acudir a la urgencia manifiesta para conseguir recursos, pues no estaban contemplados inicialmente en el plan de inversión. A través de esa figura se apropió un presupuesto adicional que hoy representa 90% de lo existente para atender emergencias. Por lo que se concluye que la Administración no estaba preparada para atender la emergencia invernal 2010-2011.

De ese rubro la Fopae maneja 58,79%, la Caja de Vivienda Popular (CVP) 14,57%, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 14% y otras entidades 12,64%.

Puntos críticos

Durante 2010 y 2011 la Fopae realizó visita técnica a 518 sitios por eventos de remoción en masa y determinó que las intervenciones para enfrentar esos deslizamientos se necesitaban $300 mil millones. Sin embargo, por restricciones de presupuesto, el Distrito, en marzo de 2011, priorizó sólo 30 sitios, es decir 5,79% del total de afectaciones y asignó $100 mil millones, equivalentes a 26,66% del total de recursos necesarios.

De esa forma quedaron pendientes de atender 94,21% de los sitios priorizados, situación preocupante si se tiene en cuenta, además, que para ellos se necesitan $200 mil millones equivalentes a 73,33% de los recursos estimados.

El Programa de Reasentamiento inició en 1997 y debía terminar en 2010 como resultado de las acciones de prevención y control a los desarrollos ilegales. No obstante, en el presente año se recomendó la inclusión de 938 nuevas familias en el programa, por los problemas de remoción en masa acentuados por la fuerte ola la invernal y el incremento en las construcciones ilegales. La reubicación de las 938 familias le costaría al Distrito Capital alrededor de $25 mil millones.

Adicionalmente se determinó que el proceso de reasentamiento realizado por la CVP es lento, en muchos casos se toman hasta cinco años. De los 11.037 procesos de reasentamiento, sólo han terminado 6.654 familias, que equivalen a 60,28% de familias reubicadas. El 40% restante está en veremos.

Mientras tanto, continúa la reocupación de predios y construcción ilegal en zonas de riesgo de deslizamiento o de reserva natural como en el sector de Nueva Esperanza en Rafael Uribe Uribe, el Parque Entre Nubes en Usme y el Divino Niño y Tesoro en Ciudad Bolívar, sin que las autoridades tomen acciones para evitarlo.

De otra parte, pese a que el Distrito gira 7,5% del impuesto predial a la CAR para el saneamiento del río Bogotá (cerca de medio billón de pesos en los últimos siete años) la falta de dragado del río incrementó los problemas para la ciudad en la pasada ola invernal.

La Personería indicó que envió a la Procuraduría la certificación expedida por la Tesorería Distrital sobre el total de los recursos girados y que debieron ser invertidos en el río para la investigación disciplinaria que realiza contra la CAR.