El Gobierno estaría aprovechando el caso de Mapiripán, para realizar una campaña de desprestigio contra los defensores de los derechos humanos en Colombia.

Así lo denunciaron la ONG Cejil y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo quienes manifestaron que la estrategia busca relacionarlos con las Farc, lo que pone en peligro su seguridad.

El Colectivo asegura que ese organismo no representó a todas las presuntas falsas víctimas y que, además, ellos mismos fueron “engañados”, por lo que se demostraron dispuestos a devolver el dinero en el caso de la señora Mariela Contreras, en caso de comprobarse que se trató de una ‘falsa víctima’.