El Congreso de la República aprobó en último debate un Proyecto de Acto Legislativo que les permitirá en adelante a las víctimas de algunos delitos menores y otras autoridades diferentes a la Fiscalía General de la Nación, intervenir de manera activa en los procesos judiciales contra aquellos que cometieron el ilícito.

Así quedó aprobado luego de que el Senado respaldara la iniciativa que busca la desmonopolización del ejercicio de la acción penal, hasta hoy monopolio exclusivo de la Fiscalía.

Al respecto, el Ministro de Justicia (e) Pablo Felipe Robledo, sostuvo que con esta enmienda constitucional se abre la posibilidad de que el Congreso, en una ley posterior, permita a las víctimas y a otras autoridades distintas de la Fiscalía, como la Defensoría del Pueblo o las Comisarías de Familia, actuar en los procesos judiciales en la recolección y presentación de pruebas, por ejemplo, o en la imputación de los cargos.

“No solamente autoridades distintas a la Fiscalía podrán adelantar investigaciones, sino que la propia víctima estará ahora facultada para hacerlas, otorgándole una solución más pronta y efectiva a la garantía de sus derechos. Eso sí, conservando siempre la posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación pueda ejercer preferentemente la acción. Casos como las estafas, lesiones personales menores o hurtos, seguramente serán delitos en los que el Legislador permita a las propias víctimas presentarse ante un juez con las pruebas y formular la imputación”, explicó el alto funcionario.

De otra parte, con la aprobación de esta ley y teniendo en cuenta la congestión que vive el despacho del Fiscal General de la Nación con más de mil procesos contra altos funcionarios con fuero constitucional ante la Corte Suprema de Justicia, se estableció que tales investigaciones pudieran llevarse también por el Vicefiscal General o por los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

“Actualmente existen más de 1.500 procesos a cargo de la Fiscal lo cual hace imposible que ella pueda concurrir personalmente a múltiples y complejas audiencias, así como también llevar a cabo directamente la instrucción de los procesos contra todos los funcionarios aforados. De ahí la imperiosa necesidad de ampliar el abanico de investigadores”, recalcó Pablo Felipe Robledo.

Finalmente, Robledo indicó que “hay que felicitar al Congreso por la pronta tramitación de este acto legislativo, pero sobre todo porque éste proyecto de acto legislativo fue de iniciativa parlamentaria y hoy es una realidad”.