Juan Martín Caicedo Ferrer, Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura señaló que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de ordenar una revisión extemporánea de los contratos de concesión para la operación del Sistema TransMilenio, crea un grave precedente en contra de la participación privada en grandes proyectos de infraestructura.

Al resolver una demanda de acción popular presentada hace cerca de nueve años, el tribunal ordenó a TransMilenio S.A. modificar de manera concertada o unilateral las contratos de concesión para la operación del sistema, por considerar que los contratos actuales le imponen a esta entidad distrital cargas que no le correspondían, en perjuicio de los consumidores y usuarios.

Caicedo Ferrer, afirmó “que el fallo se suma a otros eventos recientes que producen enorme incertidumbre en la estabilidad de las reglas de juego para la construcción y operación de grandes proyectos, paradójicamente en un momento en que se expide una nueva ley para promover la participación privada en este tipo de infraestructuras”.

El ex alcalde de Bogotá, mencionó entre «los factores recientes de incertidumbre», la extensión del impuesto predial a las concesiones, los vaivenes sobre el régimen de las vigencias futuras, y los bandazos frecuentes en materia de contratos de estabilidad jurídica.

La sentencia mencionada se basa en cifras financieras de hace más de un lustro, que no refleja la realidad financiera actual de TransMilenio S.A, y crea el peligroso precedente según el cual los jueces que conocen de acciones populares (concebidas para proteger derechos colectivos), pueden alterar las reglas contractuales pactadas y públicamente conocidas desde hace varios años.

Caicedo lamentó que la ligereza del fallo obligue a un replanteamiento de las condiciones económicas de los contratos que necesariamente será trasladado a los usuarios del sistema.