La Procuraduría General de la Nación exigió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que adopte las medidas para restablecer los derechos del niño Michael Antonio Zárate de 9 años de edad, como para investigar y proceder a sancionar a los responsables de este lamentable hecho. Del mismo modo requirió a la Secretaría de Salud de Bogotá con el fin de que brinde al menor de edad toda la atención necesaria para su pronta recuperación.

El lamentable hecho ocurrió en la madrugada del 25 de diciembre en el barrio San Bernardo, centro de Bogotá, cuando el menor se encontraba jugando al frente de su vivienda y fue alcanzado por una bala perdida que lo mantiene con pronóstico reservado en el Hospital de la Samaritana.

El Ministerio público hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie el uso inadecuado de armas de fuego.

Por su parte, el general Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, ofreció una recompensa de cinco millones de pesos para las personas que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

La Procuraduría recordó que la Ley 1453 de 2011, conocida como Ley de Seguridad Ciudadana, en su artículo 18 incorporó la sanción de prisión de uno (1) a cinco (5) años, la cancelación del permiso de porte y tenencia del arma, y la imposibilidad por 20 años de obtener dicha autorización, a quien teniendo permiso para el porte o la tenencia de armas de fuego la dispare sin que obre la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente e inevitable de otra manera.