La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda señaló que los niños y las niñas utilizados y reclutados ilegalmente por organizaciones delictivas no pueden quedar en el olvido de las autoridades administrativas y judiciales en el contexto de la reincorporación de las bandas criminales conocidas como las BACRIM, en el entendido de que el sometimiento a la justicia de estos grupos debe conducir a la sanción efectiva de los eventuales reclutadores, pero también al restablecimiento de los derechos de esta población cuyos derechos han de ser protegidos de manera prevalente respecto de los adultos.

La lucha contra la impunidad en el marco de un Estado Social de Derecho ha de trascender la capacidad funcional del aparato judicial para castigar los delitos y traducirse igualmente en el irrestricto cumplimiento de las obligaciones internacionalmente adquiridas por nuestro país en materia de infancia y adolescencia, de modo que la protección de sus derechos sea en realidad la consideración primordial al momento de adoptar una decisión que les afecte.

La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, envió un mensaje de urgencia al Gobierno Nacional, en especial al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social de la Presidencia de la República, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Fiscalía General de la Nación, a los procuradores judiciales, a los personeros, a los defensores públicos y a los defensores de familia de todo el país para que acompañen este nuevo proceso en el que confluyen la justicia y la paz como un propósito nacional sin perjuicio del interés superior de los menores de edad.

En igual forma, la procuradora delegada exhorta a las entidades y las autoridades para que cumplan oportunamente las precisas obligaciones que contrajeron en el CONPES 3673 de 2010, adoptado para la prevención de la utilización y el reclutamiento ilegal de los niños, las niñas, los y las adolescentes, y de esta forma asegurar que sean tratados como víctimas y no sean objeto de una nueva victimización por parte de los servidores públicos, en particular, de quienes tienen un deber jurídico especial de protección y defensa de sus derechos.

“Por iniciativa de esta Delegada, el señor procurador general de la Nación firmará en los próximos días una directiva a través de la cual se busca justamente desarrollar una vigilancia superior y un control de gestión permanente a las autoridades sobre este tema, en el firme convencimiento de que la utilización de las niñas, los niños, las y los adolescentes en actividades delictivas como el microtráfico de droga, la perpetración de homicidios, la explotación sexual, etc., atenta contra su dignidad por cuanto afecta en forma grave e irreversible su desarrollo psicosocial y no les permite proyectarse a plenitud como sujetos de derechos”, puntualizó Hoyos.