La Procuraduría General de la Nación les dio dos meses a los organismos estatales para que diseñen políticas públicas, planes y estrategias que permitan combatir la violencia sexual contra las mujeres.

Según el organismo de control, existen serias deficiencias en el combate de la impunidad, la discriminación y la violencia sexual contra las mujeres.

Por esta razón, la Procuraduría instó a la Fiscalía, a los jueces de la República, a la Agencia Presidencial para la Acción Social, a los Ministerios del Interior y de Justicia, a la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Pública para que a más tardar en marzo del año próximo presenten las acciones y determinaciones tomadas para combatir la violencia de género en el país.

El ente de control, reconoció algunos esfuerzos de distintas entidades del Estado que apuntan a la protección de los derechos de las mujeres.
«Se ha trabajado en aras del avance investigativo y en el ámbito de la reciente Ley de Víctimas. Sin embargo, “subsisten los vacíos institucionales en materia de prevención, atención y acceso a la justicia de las víctimas”, dice el informe.

Advierte la Procuraduría, que en materia de justicia, restitución efectiva de derechos y dignificación de la vida, en la mayoría de los casos la información ofrecida a la Procuraduría por las entidades estatales no da cuenta del diseño de políticas públicas que planteen eficacia a mediano y largo plazo.

Dice el informe que la Procuraduría “no encuentra una planeación estratégica que ilustre, mediante información cualitativa y cuantitativa, acerca de metas y compromisos que aspiren a superar la situación tan problemática objeto de este análisis”.

Estos son los temas en los cuales deben trabajar los organismos del Estado, según la Procuraduría.

• La Fiscalía General de la Nación en materia de investigación de los hechos; garantía de acceso de las víctimas a la justicia; incidencia de los comités técnico-jurídicos en el avance de los procesos; consolidación y actualización de la base de datos sobre los delitos en cuestión; adelantamiento de investigaciones de oficio; atención a las víctimas con enfoque diferencial y en aras de evitar la revictimización (implementación del Memorando 0117); capacitación de los servidores en estándares internacionales sobre violencia sexual; disposición de recursos técnicos, humanos y logísticos que posibiliten el acceso a la justicia de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad -discapacitadas, comunidad LGTB, mujeres y niñas indígenas y afrocolombianas-; medidas de protección efectivas con perspectiva de género y que aludan a la participación en diligencias judiciales; eficacia frente a la intimidad de las víctimas y manejo restrictivo de la información procesal; cobertura e incidencia de los CAIVAS en el avance procesal y en la atención psicosocial con acompañamiento continuo y permanente.

• Los jueces de la República en materia de indemnizaciones que asuman el daño moral y material; medidas de rehabilitación que comprendan la atención médica, psicológica y psiquiátrica con enfoque psicosocial; medidas de protección con enfoque de género que incluyan la participación en las diligencias judiciales.

• La Agencia Presidencial para la Acción Social y la cooperación internacional en materia de acceso a la reparación por vía administrativa.

• El Ministerio del Interior y el de Justicia en materia de medidas de protección efectivas -acatamiento de los plazos normativos, participación en diligencias judiciales, cobertura suficiente y perspectiva de género en los estudios de riesgo-.

• El Ministerio de la Protección Social en materia de implementación del “Modelo de Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual” y su incidencia real en la salud física, psicológica y psiquiátrica de las víctimas que nos ocupan.

• La Defensoría del Pueblo en materia de implementación y cobertura del “Protocolo para la orientación psicojurídica de mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado”; avance en la contratación y cobertura de los defensores y defensoras públicos.

• La Fuerza Pública en materia de la incidencia de su labor curricular, preventiva, de sensibilización y capacitación en cuanto a violencia sexual en el marco del conflicto, frente a los registros de faltas y conductas de sus servidores en dicha temática.