La Procuraduría General de la Nación señaló que son alarmantes los casos de balas perdidas registrados durante el año 2011, que según la Policía Nacional, reflejaron 15 homicidios de los cuales 5 eran menores de edad, y 100 casos de personas lesionadas, 15 de ellas menores de 18 años.

El Ministerio Público señaló en un comunicado que «Frente a este panorama urge diseñar estrategias y adoptar medidas paralelas que propendan por un bienestar social integral, pues no sólo se trata de prohibir el porte de armas de fuego a los particulares porque esto incrementaría la clandestinidad y la venta ilegal de las mismas, sino que se debe educar a la población creando cultura de respeto por la vida, de tolerancia frente al otro, diseñando campañas que involucren tanto a los adultos como a los infantes»

la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda dijo que “Hay que desarmar no sólo a los adultos sino a los niños y las niñas de sus juguetes violentos”.

La Funcionaria aseguró que «el Estado debe generar seguridad y confianza a los ciudadanos, por tanto, debe crear nuevas alternativas para asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, como uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho»