A 26 años del Holocausto del Palacio de Justicia, quien ostentaba entonces el cargo de ministro de gobierno Jaime Castro, reveló hoy a través de Radio Sana Fe hechos que permanecían en absoluto secreto y defendió las decisiones políticas del presidente Belisario Betancur, como “válidas e irreprochables”, pero consideró improvisado, caótico y equivocado, el operativo militar.

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Castro reafirmó que el narcotráfico pagó al M-19 el ataque y que este tuvo las consecuencias que el mundo conoció porque el grupo guerrillero “no le iba a poner conejo a los financiadores del asalto”.

Como se sabe, la cruenta toma y retoma del Palacio de Justicia ocurrió los dias 6 y 7 de noviembre de 1985.

La acción fue ejecutada por un comando del M-19 encabezado por Luis Otero, quien fue artífice de otros golpes asestados con éxito por el grupo guerrillero, como el robo de la espada de Bolívar, el asalto al Cantón Norte, donde a través de un túnel sacaron un voluminoso arsenal y la toma de la embajada de la República Dominicana, hechos por los cuales fue enjuiciado en un Consejo Verbal de Guerra, pero salió libre gracias a una amnistía.

Sin embargo, murió en el Palacio de Justicia.

Radio Santa Fe dialogó con el exministro y exalcalde Jaime Castro, a propósito de una columna que escribió en el diario El Tiempo, sobre el tema.

A instancias del Noticiero Santa Fe, Castro señalo que el gobierno se negó a negociar, porque el propósito del grupo guerrillero era dar un golpe de Estado, tomarse el poder a como diera lugar y someter a un juicio al entonces presidente Belisario Betancur.

“No era la antesala, sino la toma del poder”, dijo y advirtió que los guerrilleros pretendían pasar en alfombra roja del Palacio de Justicia a la Casa de Nariño, tanto que previamente al asalto los integrantes del comando del M-19 estudiaron en un video las instalaciones del palacio presidencial y la forma como llegarían al despacho del jefe del Estado y al salón del consejo de ministros.

Dijo que incluso una guerrillera cuyo nombre no citó, pero que debió ser Irma Franco, preguntó cuál sería el puesto que ocuparía en el consejo de ministros una vez lograran su propósito.

En torno a las razones por las cuales el presidente Betancur no atendió el angustioso llamado de “cese del fuego” que le hizo el presidente de la Corte Alfonso Reyes Echandía y ni siquiera le pasó al teléfono, el exministro Castro afirmó:

“Cuando el doctor Reyes Echandía llamó por teléfono al presidente Betancur no es un hombre libre; es un rehén. No era el presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese momento; era un rehén amenazado de muerte, a quien el M-19 le pide el cese del fuego”.

Castro agregó que tras escuchar en la radio la petición de Reyes Echandía — “por favor que cese el fuego; díganle al presidente que ordene que cese el fuego”—hubo una deliberación de casi un consejo de ministros ( habían 6 o 7 ministros) en la cual se analizó la petición y se concluyó que si el presidente Betancur le pasaba al teléfono al presidente de la Corte, la conversación terminaría con los asaltantes, encabezados por Luis Otero y eso se tomaría como un principio de negociación lo cual era inaceptable.

Reveló que ante esta conclusión se decidió que quien debía hablar con Reyes Echandía era el entonces director de la Policía Nacional, general Víctor Alberto Delgado Mallarino.

En efecto, así ocurrió y luego de hablar con el presidente de la Corte, Otero le arrebató el teléfono y dialogó con el general Delgado Mallarino.

Dijo que el oficial le advirtió al guerrillero que hablaba a nombre del gobierno y del presidente Betancur y le notificó que tenía la obligación de liberar a los rehenes, deponer las armas, salir con las manos en alto, con el compromiso de que se les garantizaría la vida y un juicio, no de guerra, sino adelantado por la justicia ordinaria.

Sin embargo Otero replicó y aseguró que no aceptaban este tipo de lenguaje porque su propósito era “vencer o morir” y que por lo tanto no estaban dispuestos a deponer las armas y rendirse.

Castro advirtió que el director de la Policía le pidió a Otero que reflexionara, que había de por medio vidas humanas y que cuando analizara la situación lo llamara.

Dijo que la negativa fue contundente. Otero afirmo: “Ni lo llamo, ni me llame”.

Además advirtió que si el gobierno no accedía a sus demandas mataba a todos los rehenes y los botaba a la Plaza de Bolívar.

Castro dijo que los guerrilleros del M-19 estaban dispuestos a morir pues subrayó que “en una actitud delirante”, pusieron explosivos en las 40 columnas que sostenían el palacio de Justicia para detonarlos en el momento en que la fuerza pública intentara desalojarlos.

“Sansón con todos sus filisteos”, precisó.

“Esta conversación la escuchamos 15 o 20 personas que estábamos en el Consejo de Ministros. El país no la conoció porque no quedó grabada”, expresó Castro.

El exministro insistió que quien llamaba “era un rehén para pedir no un cese bilateral, sino unilateral, de parte de la fuerza pública, en una estrategia para fortalecerse.

Fue reiterativo en defender las decisiones políticas del presidente Betancur, cuyos objetivos, dijo, eran recuperar el Palacio, salvar a los rehenes y evitar que el M-19 lograra su propósito de tomarse el poder.

“Sí hay consenso en que el operativo militar fue improvisado, anárquico y que todos, el Ejército, la Policía, los organismos de seguridad, actuaron desordenadamente”, dijo Castro, pero subrayó que si los tanques no ingresan a la fuerza, rompiendo el portón de bronce del edificio, no se hubiesen podido rescatar 350 rehenes.

Añadio que la forma improvisada y anarquica como se cumplió el operativo militar «desvirtúa la especie que se ha venido divulgando de que la fuerza pública le tendió una trampa al M-19» y que para ello fue retirada la vigilancia especial que había en el Palacio.

“No se levantó deliberadamente la vigilancia especial y se contrató una vigilancia privada”, dijo, aunque subrayo que este un grave error.

Señalo que estaba de por medio del tratado de extradición y se temían atentados por ello y por eso se reforzaron las medidas de seguridad individual y colectiva a los magistrados.

Añadió que en su momento se sabía que como el M -19 era una guerrilla espectáculo, podría ejecutar una acción durante la visita que realizaría al país el presidente de Francia François Mitterrand entre el 10 y el 15 de octubre, y se tomaron las previsiones del caso, pero como no ocurrió nada, el primero de noviembre se retiraron los 20 policías que integraban el dispositivo especial en el Palacio de Justicia.

Además subrayó que el M-19 sabía exactamente todo lo que ocurría en el Palacio e incluso la hora en que los 20 policías salían a tomar tinto.

“No importaba qué vigilancia había. No le iban a hacer conejo a los financiadores del asalto”, precisó.

“El operativo militar fue equivocado, improvisado, desordenado, pero de ahí a pasar a una actitud penal hay mucho trecho”, concluyó.

La toma y retoma del Palacio de Justicia dejó 95 muertos, entre ellos 11 magistrados, así como 10 personas más desaparecidas, de las cuales hoy no se sabe absolutamente nada.

Finalmente Castro reafirmó lo que escribió en su columna:

Que “el examen riguroso de lo que ocurrió permitirá establecer que el narcotráfico financió el asalto” y que “el debate sobre el fallo adoptado por dos de los ochenta magistrados que integran el Tribunal de Bogotá debe ir más allá de su análisis meramente jurídico.

También deben considerarse la toma y la recuperación del palacio, que constituyen antecedente inmediato de los hechos que ahora se juzgan y que muchos no conocen o no recuerdan”.

Reiteró igualmente que no opinaba sobre el fallo, “porque en él se pide a la Fiscalía investigar a los exministros de Betancur, y soy uno de ellos”.