Mindefensa radicó en el Congreso proyecto de reforma a la justicia militar
El Ministro de defensa Juan Carlos Pinzón radicó esta mañana ante el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo de reforma integral de la Justicia Penal Militar, que incluye, por supuesto, el controvertido tema del fuero para los miembros de las Fuerzas Armadas.
Tras cumplir el requisito en la secretaría de la Cámara de Representantes, el ministro de defensa señalo que la iniciativa, modificatoria de la Constitución Política, hecho por el cual debe sortear 8 debates en el Congreso, busca implantar en Colombia un sistema de juzgamiento de militares y policías que respete los derechos humanos y no genere impunidad.
«Nos parece que esta es una iniciativa importante que va a servir para aclarar muchas zonas grises en la justicia penal militar», añadió.
En el nuevo proyecto, según dijo Pinzón, se mantiene el cuerpo constitucional del artículo 221, que establece el fuero militar en la carta política y se le agregan varios incisos.
“Uno de los puntos que se agregan al artículo 221 de la Constitución es el que establece aquellos delitos que nunca serán conocidos por la justicia militar y que irán a la justicia ordinaria, que son delitos que por sus características no corresponden a actos al servicio, pero así mismo se establece que todas las infracciones al Derecho Internacional Humanitario serán competencia de la justicia castrense”, explicó.
Destaco que la reforma a la justicia penal militar es necesaria «para los hombres que conforman la Fuerza Pública porque les puede dar más efectividad en la defensa de la Constitución y los ciudadanos».
«Creemos que esto es un gran avance, que esto es necesario para el bien de los hombres y mujeres que conforman la Fuerza Pública y para el bien del país, porque en la medida en la que Fuerza Pública tenga claridad del marco jurídico en el que operan tiene la posibilidad de ser aún más efectiva”, puntualizó.
El ministro de defensa advirtió que de acuerdo con la iniciativa, solamente las operaciones militares que se hagan bajo el Derecho Internacional Humanitario serán de conocimiento de la justicia penal militar.
Añadio que en consecuencia, no serán juzgados por la justicia militar, los crímenes de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento, violación, abusos sexuales, actos de terror contra la población civil y reclutamiento de menor.
En el acto, el ministro estuvo acompañado por los comandantes de las Fuerzas Armadas, general Alejandro Navas; del Ejército general Sergio Mantilla; de la Armada Nacional almirante Roberto García; de la Fuerza Aérea, general Tito Pinilla y del director de la Policía Nacional, general Oscar Naranjo.
También asistieron los presidentes del Partido Liberal, Simón Gaviria; de la U, Juan Lozano y del Partido Verde, Luís Eduardo Garzón.
El ministro de defensa destacó que el proyecto incluye la creación de un tribunal de garantías penales que se encargará de controlar y vigilar la acción penal contra los miembros de la Fuerza Pública.
Para aquellos casos en los que haya dudas sobre la competencia se propone la creación de una comisión mixta, que estará conformada por miembros de la Justicia Penal Militar y la justicia ordinaria y que, prácticamente en el lugar de los hechos, identificará dicha competencia.
La comisión estará encargada de conocer en primera instancia los procesos contra miembros de la Fuerza Pública y realizará una investigación pronta y coordinada que constate los hechos y concluya cuál justicia es competente para conocer de la investigación.
La iniciativa además establece la conveniencia de fortalecer la Justicia Penal Militar y de hacerla más independiente, además que abre la posibilidad de que en un futuro cercano se desarrolle el concepto de justicia penal policial que enmarque los mecanismos y códigos bajo los cuales operará.
Finalmente destacó la creación de la defensa técnica de los miembros de la Fuerza Pública, que incluye la constitución de un fondo destinado específicamente a financiar la defensa – pública técnica y especializada – de los uniformados.
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