El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural y el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, inauguraron hoy la oficina que atenderá las reclamaciones en Norte de Santander, para su trámite ante los jueces agrarios, a las victimas del despojo y el abandono forzado de tierras.

Particular atención merece la zona tan duramente golpeada por el despojo y el abandono forzado de las tierras y las fincas como es la región del Catatumbo una de las doce zonas focalizadas por el Gobierno para adelantar el proceso de restitución.

El departamento de Norte de Santander, se ubica en el octavo lugar de recepción de reclamaciones, con 742 solicitudes para la inscripción en el Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. El área reclamada el departamento de Norte de Santander asciende a 46.537 hectáreas .

Los municipios del departamento donde se han presentado el mayor número de solicitudes de ingreso al registro son: Tibú, con 383 solicitudes correspondientes a 20.975 ha ; Cúcuta, con 57 solicitudes y 1.962 ha , Sardinata con 40 reclamaciones y 1.789 hectáreas ; El Tarra con 37 solicitudes que representan 1.124 hectáreas ; El Carmen con 29 solicitudes y 840 hectáreas y El Zulia con 22 reclamaciones, representadas en 188 hectáreas . La población desplazada al año 2011 en el departamento de Norte de Santander, asciende 115.870 personas de las cueles 58.947 (50.87%) corresponde a hombres y 56.923 (49.13%) mujeres. Dichas personas representan 24.950 hogares.

Los municipios más expulsores Corresponden a Tibú con 33.555 personas, El tarra con 12.073 persona, Convención con 11.691 persona, Cúcuta con 11.157 personas, Teorama con 6.559 personas y San Calixto con 6.351 personas.

En el Departamento de Norte de Santander el fenómeno del despojo y abandono de tierras puede ubicarse a inicios de la década del sesenta con las acciones vinculadas a la entrada y posicionamiento del territorio por parte del grupo guerrillero ELN.

Años más tarde en una guerra por el control de la zona del Catatumbo, las fuerzas irregulares de las FARC desde la década de los ochenta y el EPL a inicios de los noventa, entran a disputar fuertemente la región al constituirse en punto estratégico en la cordillera oriental para establecer un corredor internacional.

La incursión y consolidación de los grupos paramilitares en los años 90 en la zona, específicamente del Bloque Catatumbo conformado por miembros que provenían de departamentos como el Cesar, tiene como objetivo disputar el dominio de la zona con las guerrillas, lo cual agrava significativamente la situación de despojo y abandono en las familias campesinas.

A las acciones delincuenciales y actos terroristas se suman el tráfico de insumos para el procesamiento de coca, contrabando y mercado negro, escenario que genera cruentas violaciones a los DDHH y el DIH contra la población civil.

Tras una década de total dominio, las estructuras paramilitares se mantienen casi en su totalidad a pesar de los procesos de desmovilización, generando un “nuevo” fenómeno conocido como las Bandas Criminales o BACRIM. El accionar de estos grupos continúa con las mismas características de acciones violentas contra la población civil.

Las guerrillas ELN, FARC y EPL, los grupos paramilitares y las BACRIM, (conformadas en gran parte por disidentes o desmovilizados de estos últimos), han generado en el departamento el abandono de tierras y varias formas de despojo a miles de campesinos, siendo el momento de mayor impacto los años 1999 a 2002. Los municipios mayormente afectados por estas acciones ilegales son Tibú, El Tarra, Convención, Sardinata, San Calixto, El Carmen, Teorama, Ocaña, Hacarí, El Zulia y Cúcuta, zonas en las cuales las transformaciones en el uso y la tenencia de la tierra, la realización de despojos administrativos, por negocio privado y uso de testaferros han tenido mayor proporción que en el resto del departamento.