
La mesa directiva del Senado de la República decidió aplazar para este jueves la votación del marco legal para la paz, en su último y definitivo debate.
La determinación fue tomada por falta de tiempo y por la inscripción de más de 32 personas para hablar en la plenaria.
El proyecto propone crear un marco constitucional que permita la coherencia, desarrollo y aplicación integral de los mecanismos de justicia transicional en Colombia, según explicó el senador Roy Barreras (Partido de la U), coordinador ponente de la iniciativa.
Para el legislador, debe quedar claro que la norma solo incluye a «agentes del Estado que hayan participado en las hostilidades en el marco del conflicto armado interno», quedando por fuera todos los funcionarios del Estado que hayan cometido delitos que no tengan que ver con el conflicto.
«Se excluyen de los beneficios jurídicos a los miembros de las bandas criminales, servidores públicos diferentes a los agentes del Estado, a los máximos responsables de delitos atroces y a narcotraficantes», explicó Barreras.
Entre otros, el senador aseguró que el Marco Jurídico para la Paz establece sanciones penales para los máximos responsables de todos los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.
Agregó que se trata de una norma de justicia transicional que necesita desarrollo legal de tipo estatutario y su aplicación debe estar sujeta a la voluntad del Gobierno Nacional en generar acuerdos de paz.
Por lo tanto, en caso de un posible acuerdo de paz, el Estado tendría que garantizar herramientas de inversión social para el postconflicto, una vez haya reducción real y efectiva del gasto militar, el cual hoy se justifica por la existencia del conflicto armado interno.
Al respecto, el texto que analiza la plenaria del Senado incluye una proposición del senador Luis Carlos Avellaneda del Polo Democrático, para que una vez finalizado el conflicto, los recursos destinados a la guerra sean invertidos en proyectos sociales, así mismo se discute la vocería política para desmovilizados que no estén implicados en crímenes de lesa humanidad.