El Congreso aprobó en la reforma al Código de Procedimiento una norma que les permitirá a los ciudadanos una segunda oportunidad para cancelar sus deudas antes de ser embargados.
“Se trata del ‘punto final’ o liquidación patrimonial. En caso de no lograrse un acuerdo de pago o que se haya incumplido el mismo, la persona podrá acogerse a esta figura. Eso sí, el deudor tendrá que poner disposición de sus acreedores la totalidad de su bienes. Si hace trampa, será considerado un crimen financiero, exponiéndose a penas de hasta 6 años de cárcel”, explicó Simón Gaviria Muñoz, promotor del proyecto.
La herramienta financiera se aplicará a las personas que tengan créditos hipotecarios, educativos y hasta de libre inversión. Sin embargo, no estará disponible para aquellos que tengan deudas menores, como la factura de servicio celular.
Máximo 90 días tendrán las partes para llegar a un acuerdo de pago, de no ser así se pasará a la parte de punto final o liquidación patrimonial.
Esta ley de insolvencia está en sanción presidencial.
