La Procuraduría General de la Nación pidió a la Alcaldía Mayor de Bogotá que cumpla el cronograma pactado para la implementación del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bogotá, SITP, además exigió a la Administración Distrital claridad en cuanto a tarifas, subsidios, y garantías laborales.
El ente de control, en el marco de una acción preventiva, señaló que debe cumplirse a cabalidad la planeación del SITP, por lo que advirtió que el Distrito deberá aportar las condiciones para que se cumplan las fechas estipuladas para la entrad en operación del Sistema.
También, el Ministerio Público hizo un llamado al Ministerio de Trabajo, así como a las secretarías distritales de Movilidad y de Gobierno, en el sentido de que se establezcan ofertas institucionales para las poblaciones afectadas en materia laboral por la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) que entró a regir en la capital del país.
A través de la Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, la Procuraduría ha participado en reuniones con autoridades distritales, los ministerios de Transporte y Trabajo, la Contraloría Distrital, la Superintendencia de Puertos y Transporte, el SENA, operadores del SITP y trabajadores y empresarios del transporte público colectivo de Bogotá, en las que se ha discutido la situación de quienes laboran directa o indirectamente en este sector.
En concepto del Ministerio Público, la actuación de las autoridades competentes en este proceso debe estar orientada a cuatro aspectos fundamentales:
· Garantía de los derechos laborales y de seguridad social de la población afectada
· Formalización del empleo en el sector
· Generación de empleo digno y decente, reubicación y reconversión laboral
· Protección del derecho de asociación sindical
La Procuraduría advirtió que continuará el acompañamiento preventivo a la gestión de las autoridades nacionales y distritales durante la implementación del SITP, para garantizar que en esta transición no haya impactos negativos en materia laboral, que a la postre atentarían contra el bienestar de las miles de familias que hoy perciben sus ingresos de actividades relacionadas con el servicio público de transporte en la capital del país.
