La Contraloría General de la República dio concepto desfavorable a la gestión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en la vigencia de 2011, y estableció 107 hallazgos administrativos, 19 de ellos con posible incidencia fiscal por $7.385 millones, 50 disciplinarios, 5 penales y 4 con otras posibles incidencias.

El mayor hallazgo fiscal tiene que ver con la gestión de entrega de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Funza, que no ha sido recibida por este municipio y está a cargo de la CAR pese a que esta entidad no es un prestador de servicios públicos domiciliarios.

Según la Contraloría, se está “frente a un daño patrimonial derivado del cumplimiento de funciones de la CAR por fuera del marco legal y de presunto incumplimiento de compromisos del Alcalde Municipal de Funza en el recibo de esta infraestructura, que ha causado un daño patrimonial a la Corporación por la suma de $1.847 millones”.

Esta suma corresponde a los recursos que en los últimos cuatro años ha destinado la CAR a la operación y el mantenimiento de la PTAR Funza, que para la CGR “debieron haber sido cubiertos vía tarifa por cuanto el tratamiento es parte del servicio de alcantarillado, que debió hacer sido operado por un prestador debidamente reconocido.

Y serían responsables de este presunto detrimento patrimonial los alcaldes municipales de Funza de los últimos períodos, el director general de la CAR y los miembros del Consejo Directivo de la entidad, indica el informe de auditoría de la Contraloría General de la República.

Este hallazgo será trasladado a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, para lo de su competencia.

Adicionalmente, por tratarse de una conducta que vincula en sus efectos a las 22 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales restantes que actualmente administra, mantiene y opera la CAR con recursos de su presupuesto, la Contraloría General de la República abrirá una indagación preliminar a fin de individualizar y cuantificar los daños fiscales.

Igualmente se solicitará la apertura de siete indagaciones preliminares.