El contralor Distrital, Diego Ardila Medina, puso en alerta a la ciudad por el riesgo de pérdida de 16 mil millones de pesos en equipos de vigilancia para 192 colegios públicos, así lo pudo constatar luego de una auditoria realizada al Fondo de Vigilancia y Seguridad y a la Secretaría de Educación.

Según el organismo de control, estas dos entidades distritales suscribieron en un convenio interadministrativo en el año 2009 mediante el cual se permitía desarrollar un sistema de video-vigilancia para el área de influencia de los establecimientos educativos.

Se adquirieron 607 cámaras tipo domo; 673 cámaras fijas; 192 grabadoras digitales; 192 monitores de visualización; 192 teclados y 192 joystick. Los recursos dispuestos ascendieron a $16.196 millones, de los cuales la Secretaría de Educación aportó $15.797 millones, que corresponde al 97.5% del valor total, y el Fondo el 2.5%, es decir, $400 millones.

Según el Contralor Distrital, este detrimento patriomonial es consecuencia directa de la ausencia de un estudio de mercadeo adecuado y suficiente, toda vez que no se realizó cotización de los bienes y servicios requeridos para la instalación del sistema, así como, tampoco un estudio de conveniencia, oportunidad y necesidades reales para cada uno de los planteles educativos.

“A pesar de que la Secretaría de Educación es la dueña del 97.5% de los recursos invertidos le dio total autonomía al Fondo de Vigilancia y Seguridad para que decidiera lo favorable o necesario para los colegios y se desprendió de cualquier tipo de participación en el desarrollo del proceso como la elaboración de estudios técnicos y pliegos de condiciones, evaluación de propuestas y adjudicación del contrato”, dice el informe de la Contraloría.

El estimativo de inversión por colegio era de $84 millones; sin embargo, a 31 de julio de 2012, solo se ha instalado el sistema en 100 colegios y los pagos ya alcanzan un valor de $11.378.5 millones (70.25%), de tal forma que para los 92 colegios faltantes, solo se cuenta con $4.817 millones.

Así mismo, se estableció que el Fondo de Vigilancia y Seguridad, al momento de realizar el proceso contractual y adjudicar el contrato a través del cual se ejecutarían las obras y servicios, no incluyó la conectividad del sistema, pese a la existencia de una cláusula que señala que ésta se realizaría con cargo al Convenio Marco, motivo por el cual el FVS, con recursos adicionales a los asignados al Convenio Marco, debió asumir esta inversión en cuantía de $4.763 millones en un contrato suscrito con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).

“A través de visitas efectuadas a 40 de los 192 colegios y el análisis de los documentos soporte de la planeación, ejecución y control del subsistema, determinó deficiencias en la instalación, sobrecostos en la adquisición e instalación y la omisión en la aplicación de medidas de apremio pese a los incumplimientos del contratista”, dice la Contraloría.

Para la Contraloría de Bogotá existe riesgo de pérdida del total de los recursos invertidos en todo el subsistema e incumplimiento de los fines de la contratación por no haber alcanzado los resultados esperados y presentar innumerables fallas jurídicas, técnicas y logísticas que conllevan a su subutilización.