El presidente Juan Manuel Santos, unió fuerzas con otros mandatarios latinoamericanos para reclamar a la ONU una nueva estrategia global antidrogas, a la vez que en su país se enciende el debate sobre cómo abordar el aumento del consumo interno.

En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Santos pidió que se abra una discusión con «bases objetivas científicas» sobre el problema de las drogas, en sintonía con lo expresado por sus homólogos de México, Felipe Calderón, y de Guatemala, Otto Pérez Molina.

Calderón había exigido poco antes a la ONU que «no solo participe, sino que encabece una discusión a la altura del siglo XXI, sin falsos prejuicios, y nos lleve a todos a encontrar soluciones con enfoques nuevos y eficaces» al tema.

El mandatario colombiano recordó que la Organización de Estados Americanos (OEA) ya encargó en abril un estudio para plantear alternativas a la llamada guerra contra las drogas, que no ha conseguido reducir la producción y tráfico de estupefacientes y ha generado decenas de miles de muertos en la región a manos de las mafias.

«Es solo un primer paso, pero uno de gran importancia. Es el comienzo de una decisión que el mundo ha evadido durante muchísimos años y esperamos al final produzca resultados concretos», dijo Santos ante la ONU.

Esa discusión fue impulsada en la pasada Cumbre de las Américas de Cartagena (Colombia) por el anfitrión Santos, quien suele resaltar la autoridad moral de su país para pronunciarse en la materia por los altos costos que ha sufrido durante las últimas décadas de combate frontal al narcotráfico.

Colombia, con el apoyo financiero de Estados Unidos, ha logrado reducir casi a la mitad su producción de cocaína en los últimos ocho años (345 toneladas en 2011) aunque se mantiene, junto a Perú, con los niveles más altos del mundo.

A pesar de ese «relativo éxito» en frenar al narcotráfico -como lo denomina Santos- en Colombia crece la preocupación por convertirse también en un país consumidor, pero frente a ello las iniciativas se muestran contradictorias.

El gobierno de Santos ha presentado un proyecto de actualización de la política antidrogas nacional que ha originado críticas por contemplar sanciones a los consumidores.

El proyecto de Estatuto Nacional de Drogas, que aún no ha iniciado su trámite parlamentario, prevé multas de hasta dos millones de pesos (USD 1.110) y tres meses de trabajo social por el porte de drogas en una cantidad que no supere la dosis personal, que queda establecida en hasta un gramo de cocaína y 20 de marihuana.

El castigo económico a los adictos fue rechazado desde la propia coalición parlamentaria de centro-derecha que apoya a Santos.

«Es contradictorio que se hable de esas amonestaciones porque siempre se dijo que en Colombia no se iba ni a penalizar ni criminalizar la dosis mínima», afirmó Juan Carlos Vélez, senador del oficialista Partido de la U.

La tenencia de una dosis personal está despenalizada en Colombia desde 1994 y el pasado julio se estableció por ley que la adicción a las drogas debe ser considerada como un problema de salud pública y los consumidores tratados como pacientes.

El experto Daniel Mejía también cree que estas sanciones serían «un retroceso».

«Este nuevo Estatuto tiene puntos positivos como la regulación de sustancias nuevas, entre ellas los inhalantes, pero las penas al porte de drogas es una estrategia vieja», señaló a la AFP Mejía, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la privada Universidad de los Andes.

La propuesta fue conocida esta semana coincidiendo con su presentación ante el Consejo de Política Criminal, donde será debatida antes de llegar al Congreso. AFP