El contratista Emilio Tapia Aldana, sindicado de encabezar el llamado ‘carrusel’ de la contratación, aseguró que el exconcejal Hipólito Moreno recibió millonarias dádivas por inferir en un contrato del Distrito con empresas prestadoras de servicio de transporte médico.

En una declaración que entrego a la Fiscalía dentro del proceso por la suscripción por contratos irregulares en la capital de la republica, Tapia declaró “a la comisión del 9 por ciento del contrato de ambulancias firmado por la Secretaría de Salud de Bogotá el 30 de septiembre del 2009, por 67.000 millones de pesos, habría sido girada, presuntamente, al entonces concejal Hipólito Moreno, del partido de ‘la U’”.

Tras aceptar el delito de concierto para delinquir, el organismo investigador también, adelanta un proceso por celebración indebida de contratos y cohecho contra el exconcejal, por su presunta responsabilidad en la intervención entre contratistas, particulares y funcionarios, durante la administración de Samuel Moreno Rojas en la capital.

Según lo publicó el lunes el diario El Tiempo, el concejal Moreno «tuvo manejo directo de la licitación» de ambulancias y, al parecer, habría recibido la comisión a través de Federico Gaviria, un hombre desconocido para las autoridades y que, por boca de Tapia Aldana, sale a flote ahora en todo este escándalo.

Tapia le dijo a la Fiscalía que «el señor Gaviria la persona que armó todo el proceso y es él quien entrega la comisión equivalente del 9 por ciento del valor de los contratos al concejal Moreno. Es el real dueño del contrato».

Emilio Tapia dijó que si «se revisan las bitácoras de la empresa de seguridad del edificio donde vive el concejal, se podría determinar que Federico Gaviria era un asiduo visitante por el tema de la estructuración de este proceso contractual».

El contrato de las ambulancias, cuestionado por fallas en su ejecución, fue firmado por el secretario de Salud, Héctor Zambrano, y tuvo un anticipo de 8.774 millones de pesos. Su plazo de ejecución se pactó por 34 meses, con 55 vehículos y 15 motoambulancias en total.

Aparte de la información aportada por este el contratista, la Fiscalía rastrea supuestos vacíos legales en la estructuración de la licitación de ambulancias, como la presunta falta de estudios previos que dieran soporte al valor del contrato.