El Ministerio del Trabajo, el presidente de la Cámara de Representantes, Augusto Posada, y el representante a la Cámara, Carlos Andrés Amaya, radicaron ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca incrementar los espacios de inclusión laboral para los jóvenes que se encuentran en etapa de aprendizaje.

La iniciativa pretende fortalecer las condiciones de los pasantes en las empresas en materia de seguridad social, ingresos y cobertura laboral. Busca que cada vez sea mayor el número de colombianos que en la etapa de formación para el trabajo, cuenten con contrato de aprendizaje. Esto para que los aprendices tengan la oportunidad de aportar sus conocimientos adquiridos en las aulas, a la escena laboral y así lograr ser mejores trabajadores.

El ministro del Trabajo, Rafael Pardo, aseguró que esta iniciativa está encaminada a garantizar un avance en el proceso de formación para el trabajo de los aprendices que están terminando su etapa en las aulas para enfrentarse a la realidad laboral.

“Es deber nuestro que los colombianos que están iniciando su vida laboral cuenten con las aptitudes necesarias para enfrentarse a un mercado cada vez más competido, que exige mayor esfuerzo y que nos compromete a todos a estar al día en los avances de la tecnología”, aseguró el director de la cartera laboral, Rafael Pardo, quien agregó que con esta propuesta los aprendices y estudiantes tendrán un recurso adicional a la Ley de Formalización y Generación de Empleo (Ley 1429 de 2012), más conocida como la Ley de Primer Empleo.

Y añadió que, “con esta nueva herramienta, los estudiantes adquirirán un mayor reconocimiento que se traduce en oportunidades de progreso. De esta manera luchamos contra en desempleo en los jóvenes, que es el segmento de la población que menos oportunidades laborales tiene”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes y coautor del Proyecto de Ley, Augusto Posada, aseguró que existe la necesidad de comprometer a las empresas a través de la generación de oportunidades para los aprendices.

“El proyecto de Ley define una cuota mínima de un aprendiz para las empresas que tengan entre 10 y 15 trabajadores, y de 7% del total de la planta reportada al PILA, para empresas de más de 15 trabajadores. Esto con el fin de que aumenten las oportunidades de aprendizaje de los colombianos, a través del compromiso de las empresas más grandes por medio de la generación de oportunidades para los colombianos”.

En cuanto a la remuneración de los aprendices, esta se convierte de carácter obligatorio para sostenimiento educativo mensual. En el caso de estudiantes técnicos y tecnólogos será de mínimo un 75% de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (hoy en día $425.025). Para los estudiantes universitarios será de mínimo un SMMLV (hoy $566.700).

El viceministro de Empleo y Pensiones, Mauricio Olivera, aseguró que esta iniciativa también apunta a que los jóvenes salgan de las aulas con conocimientos acordes con las realidades del mercado laboral, además de la adquisición de habilidades socioemocionales, que son todas aquellas que aunque son ajenas a la propia actividad laboral, se deben adquirir durante su ejercicio.

“Este proyecto busca que los jóvenes se acerquen a aspectos relacionados con la actividad laboral como lo son el cumplimiento de un horario, la responsabilidad para cumplir funciones, liderazgo, creatividad, manejo de grupo, entre otras características de la cotidianidad laboral”, explicó el viceministro Olivera.

La pertinencia laboral también se fortalecerá a partir de la apertura de Unidades Vocacionales de Aprendizaje, UVAES, que se convierten en un mecanismo con el que las empresas o entidades públicas pueden capacitan y entrenar con recursos propios a los trabajadores, de acuerdo con las necesidades propias del mercado.

Otro de los puntos que contempla esta iniciativa, es el de comprometer a las universidades a que una vez un estudiante cumpla con los requisitos de grado, el periodo de prácticas les sea reconocido como experiencia laboral para su hoja de vida.

En la actualidad en Colombia hay 177 mil personas con contratos de aprendizaje, de los cuales 124 mil (70%) pertenecen al SENA. De las 326 mil empresas que pagaron al menos un mes de parafiscal en 2011, solo 23 mil (7.2%) están obligadas a tener cuotas de aprendices. Estas cifras evidencian la necesidad de dar un paso hacia el compromiso de las empresas de incluir en sus nóminas a colombianos que se están capacitando para el trabajo.