El congresista del Partido Verde, Iván Name, más de cinco millones de campesinos están en riesgo con el desarrollo minero. “Lo esencial es que el país asegure la soberanía alimentaria, tras indicar que debe haber una legislación que permita revisar todos los títulos mineros, ya que cerca del 63 por ciento están secuestrados por estructuras mafiosas, es decir, cerca de 4 o 6 millones de hectáreas”.

Según explicó el dirigente político, los gobiernos en los últimos años han favorecido la depredación generada por la explotación minera y la producción energética, sobre otros modelos de desarrollo, en este caso el sector agrario que representa el 9 por ciento del PIB, así como la generación de empleo.

El senador Jorge Eduardo Londoño del Partido Verde, afirmó que la deficiencia en infraestructura minera nacional es crítica y preocupante y que no existe una articulación entre las entidades del sector, lo cual incide en las deficientes políticas públicas ambientales existentes.

«La minería es necesaria, pero pedimos que la actividad que se hace o se realice sea vigilada y regulada por el Estado desde el marco del desarrollo sostenible», afirmó el senador Félix Valera.

«El 50 por ciento del terreno del departamento del Cesar está solicitado para la explotación minera a cielo abierto y esto provoca impactos ambientales, perdidas de las fuentes hídricas y afectación a los ecosistemas», recalcó.

A su turno, el senador John Sudarsky, alertó en que la mayoría de títulos mineros del país no tienen licencia ambiental y que el 72 por ciento de las minas de oro en Colombia no pagan regalías.

Sudarsky también advirtió que el contrabando de mercurio es enorme por la explotación de oro existente.
Por su parte, el senador de la U, Aurelio Iragorri, dijo que los costos del oro estimulan a los explotadores ilegales y su relación con la guerrilla. Iragorri señaló que por esas circunstancias «el Litoral Pacífico es tierra de nadie».

El senador de la U, Juan Lozano, solicitó al Gobierno no destruir la maquinaria que es incautada en la minería ilegal y propuso que esos equipos sean trasladados a regiones donde se necesitan para avanzar en diferentes proyectos de beneficio para las comunidades.