Un informe de Human Rights Watch señala que, pese a algunas mejoras, las leyes adoptadas recientemente por el Estado colombiano no están protegiendo como se esperaba a miles de mujeres desplazadas que son víctimas de todo tipo de violencia.

En el reporte, revelado en Washington por la organización norteamericana, se enumeran los obstáculos que enfrentan estas mujeres a la hora de solicitar atención médica o una acción efectiva de la justicia.

«Nuestra investigación reveló que, cuando su aplicación es adecuada, las rutas de atención y el marco jurídico pueden ser sumamente efectivos”, se lee en el informe.

Sin embargo, en los casos examinados por HRW, “en general tanto el marco como las rutas de atención no se aplican adecuadamente, las víctimas no reciben la atención médica que por derecho les corresponde y los responsables no son llevados ante la justicia».

Para la realización de este informe, la ONG entrevistó a 80 mujeres que han sufrido desplazamiento y han sido víctimas de violencia de género. También se tuvo en cuenta a 46 funcionarios gubernamentales y profesionales de la atención de la salud, y 65 defensores de derechos humanos, proveedores de servicios y otros representantes de la sociedad civil que han trabajado con las víctimas.

Según la ONG, que tuvo en cuenta un informe de USAID y Profamilia, una de cada dos mujeres entre la población desplazadas habría sido víctima de algún tipo de abuso de género. Se estima que en Colombia hay cuatro millones de desplazados y posiblemente más de la mitad son mujeres.

En el estudio se encontró que muchos de los establecimientos de salud no están implementando adecuadamente las leyes y políticas relevantes, lo cual se refleja en un examen inadecuado para la identificación de signos de violencia de género, maltrato de víctimas y la negación o demora arbitraria en la prestación de servicios esenciales.

En el informe se explica que «en algunos casos, las víctimas de violación sexual dijeron que sólo pudieron programar turnos médicos mucho tiempo después del plazo dentro del cual resultarían efectivos los tratamientos para evitar el embarazo o la infección por VIH. En otros, las pruebas forenses fueron recogidas demasiado tarde, cuando ya no quedaban evidencias físicas del delito¨.

HRW manifestó que otro obstáculo fundamental «es el desconocimiento generalizado sobre los servicios médicos obligatorios, tanto entre las mujeres y niñas destinatarias de tales servicios como, peor aún, entre funcionarios y profesionales de la salud responsables de brindarlos¨.

Amanda Kiasing, investigadora de HEW, al hablar sobre el procurador Alejandro Ordóñez, lo catalogó de «gran problema”, debido a su postura frente a los derechos reproductivos de mujeres “que necesitan de su respaldo en algunos casos, por ejemplo, como el aborto tras haber sufrido una violación”.

José Miguel Vivanco, director HWR para las Américas, también criticó al Procurador por su «visión ideológica y no de salud pública» frente al tema de los derechos reproductivos de la mujer que no solo están consagrados por la Constitución sino refrendados por la Corte Constitucional.

En este reporte Human Rights Watch también muestra los problemas con los que se están enfrentando estas mujeres al llevar sus casos ante la justicia. Entre los mas sobresalientes: el maltrato de algunas autoridades, las dificultades probatorias y el temor a represalias.