El Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, celebró la aprobación que hizo el Senado del Acto Legislativo que reforma la Justicia Penal Militar, y aseguró que con la norma no se permitirá impunidad en los casos judiciales donde se encuentren envueltos miembros de la Fuerza Pública.

El Titular de Cartera señaló que la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Justicia Penal Militar, contará con un año para identificar los procesos que se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pública y determine cuales deben tener actuación de la justicia ordinaria y cuales de la justicia penal.

“Buena parte de los casos que estudiará la Fiscalía ni siquiera pasarán a la Justicia Penal Militar porque forman parte de las conductas o delitos excluidos en la reforma. Ese período de un año es suficiente, porque en marzo de 2013 presentaremos al Congreso, con mensaje de urgencia, los proyectos de Ley ordinaria y estatutaria que definan la estructura independiente y autónoma de la Justicia Militar, para que se le entregue al país la tranquilidad de la aplicación real de la justicia y se evite la impunidad”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa.

Según el alto funcionario, el valor de esta reforma radica en que fue discutida de manera democrática de cara a todo el país y al mundo y se construyó bajo recomendaciones de expertos constitucionales.

“Ocho debates en el Congreso y cuatro audiencias públicas con interesados en el tema, demuestran la participación democrática que ha tenido esta reforma constitucional que define con claridad un marco legal para que los miembros de las Fuerzas Armadas puedan actuar comprometidos en defensa de los Derechos Humanos, de la Constitución y de los colombianos”, indicó el Ministro de Defensa.

El Acto Legislativo, que esta pendiente de la conciliación entre Senado y Cámara, establece que delitos como el genocidio, de lesa humanidad, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado, irán a la justicia ordinaria.

Finalmente Pinzón reiteró que esta reforma no es un privilegio a los soldados y policías de Colombia, sino un derecho a ser investigados bajo un marco experto que les permita continuar entregando su vida por la seguridad de los colombianos.