El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, denunció hoy que la guerrilla de las Farc reactivó sus operaciones en Bogotá y que está extorsionando a habitantes y comerciantes, a quienes amenaza con atentados terroristas si no pagan las «vacunas».

Según el Defensor del Pueblo, un presunto reducto del frente 53 de las Farc está haciendo presencia en sectores de las localidades de Usaquén y Chapinero, al norte de la capital de la República, en los cuales a través de panfletos y llamadas desde teléfonos móviles y fijos, están exigiendo dinero para garantizar su seguridad.

Entre las vìctimas de la extorsión figura los directivos y empleados de un acueducto zonal que surte de agua potable a 14 mil 500 habitantes de la localidad dy que han amenazado con «volar» si no se les paga el dinero exigido.

Para pagar la «vacuna», las víctimas deben viajar a un indeterminado lugar del municipio de Acacías, en el departamento del Meta, según la exigencia de los presuntos guerrilleros.

Sobre la grave situación, el Defensor del pueblo envió una carta al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, en el cual en forma detallada reseña la situación de riesgo en que se encuentran los habitantes de los barrios San Luis, San Isidro I y II y La Sureña vía a la Calera, «con el propósito de que se adopten las medidas efectivas de prevención y protección de los derechos humanos y de los bienes indispensables para la supervivencia de la población…».

El «informe de riesgo» del Defensor del Pueblo se basa en un reporte del defensor delegado para la prevención de riesgos de Violaciones a los Derehos Humanos, Jorge Enrique Calero Chacón, sobre la denuncia hecha por la Asociación de Servicios Públicos Comunitarios, Acualcos y los dirigentes comunitarios de los citados barrios.

Las extorsiones y amenazas comenzaron el 10 de enero, no solo a través de llamadas telefónicas, sino de panfletos, que han distribuido en la zona.

Además de las medidas de disuación para evitar que se cumplan las amenazas terroristas, el Defensor del Pueblo, pidió a la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior, verificar las condiciones de seguridad de los líderes comunitarios amenazados y de los directivos de Acualcos, a fin de garantizar su vida e integridad, y la de sus familias.