La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría pidieron la exclusión del proceso de Justicia y Paz de los jefes del paramilitarismo Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo; al determinar que estos sujetos no presentan los requisitos para ser cobijados por los beneficios del programa.
El Vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, dijo que esta solicitud ante el Tribunal de Justicia y Paz se hizo por considerar, en primer término, que Rendón Herrera no cumplió con los requisitos que le permitirían acceder a la pena alternativa de ocho años.
La Fiscalía estableció que después de su desmovilización, en 2006, alias Don Mario siguió delinquiendo y conformó otro grupo criminal autodenominado Águilas Negras Héroes de Castaño, y posteriormente, las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que tenían presencia en el sur de Córdoba y en el bajo Cauca Antioqueño.
Perdomo afirmó que Rendón Herrera reconoció los secuestros de algunas personas al parecer pertenecientes a la Oficina de Envigado. De estos hechos se encuentran en poder de las autoridades varios videos.
En la audiencia se decidió romper la unidad procesal para seguir en justicia y paz con los demás implicados y analizar el caso de alias Don Mario.
En el caso de Gordo Lindo, el Vicefiscal también afirmó que él no cumple los requisitos para estar en el proceso de Justicia y Paz, ya que no se estableció que perteneciera a las estructuras financieras, políticas o militares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Zuluaga Lindo se dedicaba exclusivamente al narcotráfico, como se comprobó durante el proceso.
Por esta razón, se solicitó ante la sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín la exclusión de alias Gordo Lindo del proceso y el envío de este caso a la justicia ordinaria.
Si las dos solicitudes de exclusión son aprobadas por la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, estas dos personas saldrán del proceso especial y pasarán a la justicia ordinaria, donde afrontarían las penas contempladas en el código penal, que podrían llegar a los sesenta años de cárcel y no los ocho de la justicia alternativa.
“Solo obtendrán los beneficios de la pena alternativa aquellos desmovilizados que colaboren efectivamente en el esclarecimiento de la verdad y en la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y reparación”, agregó el Vicefiscal Perdomo.
